Verdesoto fue el primero en declarar de los más de 50 testigos convocados a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (Parlamento) como parte del proceso de juicio político contra el mandatario por presunto peculado, basado en irregularidades en un contrato entre Flopec y la compañía Amazonas Tanker.
Tráfico de influencia, sobreprecio, falta de control interno y externo, fueron algunos de los 20 puntos de riesgo de corrupción que reportó el funcionario en un informe entregado al gobernante, aunque aclaró que esas eran hipótesis y no pruebas.
Al ser interrogado por Edgar Neira, abogado del Jefe de Estado, sobre si en ese documento se trató el cuestionado contrato, Verdesoto aclaró que no hizo referencia a ningún convenio específico e insistió en que eran alertas de prevención de corrupción para todas las empresas públicas.
La comparecencia de Verdesoto, que se extendió por más de tres horas, estuvo interrumpida por discusiones entre los asambleístas, incluso cambiaron al presidente de la Comisión Fernando Villavicencio, acusado de actuar a favor de Lasso, y fue sustituido por la legisladora Ana Belén Cordero.
El segundo convocado en dar su versión fue Fabián Pozo, exsecretario Jurídico de la presidencia, quien desvirtuó los motivos para el enjuiciamiento político del gobernante.
Para la jornada de hoy estaban citados también el exgerente de Petroecuador Hugo Aguiar y el periodista Andersson Boscán, del medio digital La Posta, pero no asistieron.
Para mañana están citados una decena de testigos, entre ellos el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos; el exgerente general de Flopec, Jhonny Estupiñán, y el exsecretario de la Administración Pública Iván Correa.
De acuerdo con el calendario, el propio gobernante está llamado el día 26 de abril, aunque se desconoce si irá personalmente o lo hará a través de su abogado, Edgar Neira.
Esta fase dedicada a escuchar a los testigos convocados por la acusación y la defensa, debe extenderse por los próximos 10 días y luego la Comisión tendrá otras 10 jornadas para concluir un informe sobre el caso.
Más allá de la recomendación de esa mesa legislativa para censurar al jefe de Estado, se necesita el apoyo de las dos terceras partes del pleno de la Asamblea, compuesta por 137 parlamentarios.
Entretanto, Lasso declaró al diario británico Financial Times su intención de disolver el Legislativo, mediante la herramienta de la muerte cruzada si existieran los votos para destituirlo.
Para el jefe de esa entidad, Virgilio Saquicela, del presidente aplicar ese recurso incurriría en una inconstitucionalidad.
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