El diputado Diosdado Cabello, jefe del Bloque de la Patria, hizo la propuesta con el objetivo de revisar de manera exhaustiva el resto del texto, el cual está dividido en cuatro capítulos.
Al comentar sobre la consulta pública realizada sobre esta normativa, el también presidente de la Comisión Permanente de Política Interior del Parlamento informó que unas 10 mil personas participaron en los debates y se realizaron mil 200 propuestas.
Añadió que recibieron aportes, además, del Ministerio Público y la Contraloría General de la República.
El dirigente político expresó que no puede permitirse que bienes adquiridos por el narcotráfico y otras vías ilegales vayan a perder su vida útil y a dañarse, por lo que el Estado Venezolano debe proceder, a través de un mecanismo fácil, y una vez sea adoptada una decisión de la Fiscalía.
Explicó que en cualquier caso existe el sistema de apelación para terceros, pero el Estado está en el derecho de una investigación.
Cabello insistió que la Ley Orgánica de Extinción de Dominio permitirá al Estado obtener la titularidad de los bienes incautados en delitos provenientes de manera ilícita, aun cuando no se haya dictado sentencia penal.
Abundó que ello garantizará a las autoridades las facultades para confiscar, a través de la sentencia firme, los bienes de personas nacionales, jurídicas nacionales o extranjeras asociados a delitos contra el patrimonio público, tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes.
Además de los bienes de quienes se enriquecieron en forma ilegal al amparo del Poder Público.
Esta ley, comentó, complementa lo que se ha venido haciendo con la detención de algunas personas vinculadas a hechos ilícitos, que tienen bienes cuya procedencia no pueden justificar de ninguna manera.
Reiteró que la nueva disposición no solo tiene que ver con los funcionarios públicos, sino también con los empresarios que han incurrido en hechos de corrupción.
En el último balance ofrecido por el fiscal general Tarek William Saab detalló que hasta el momento suman 61 las personas detenidas por sus presumibles vínculos en cinco contubernios de corrupción.
Indicó que aún faltan por ejecutar 20 órdenes de captura y se realizaron 172 allanamientos en todo el país, en las cinco tramas descubiertas.
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