Estas acciones están dirigidas a controlar y apropiarse de sus activos en el extranjero con la intermediación de la autodenominada Plataforma Unitaria de oposición, quienes en conducta apátrida insisten en ocasionar daños irreversibles a nuestro pueblo, indicó un comunicado.
La Cancillería señaló que estos actos se constituyen en un saqueo de los recursos de las venezolanas y venezolanos.
El texto denunció que Washington, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, actuando de mala fe, y violando todos los principios legales, se confabula con grupos extremistas de la política venezolana.
Expresó que estos pretenden despojar al pueblo de la República Bolivariana, a través de una ilegal e inmoral expropiación de la empresa Citgo Petroleum Corporation, en una “acción rapaz y criminal”, con el único objetivo de causar el máximo daño posible a los ciudadanos de este país.
El Gobierno venezolano declaró que estas acciones golpean los diálogos de México y constituyen “un zarpazo contra la conferencia internacional sobre el proceso político venezolano”, convocada por el presidente de Colombia, Gustavo Petra, la semana pasada.
Apuntó que, en esa reunión, casi de manera unánime, los países asistentes exigieron al gobierno de Estados Unidos detener la agresión, levantando, de manera inmediata, las sanciones criminales y el bloqueo contra Venezuela.
La Cancillería advirtió que todo acuerdo de pago o transacción en relación con cualquier deuda, controversia, litigio o decisión judicial relativa a la República o cualquier entidad en la que esta tenga participación accionaria, que sea negociado, celebrado o ejecutado bajo la Licencia General 42 emitida por la OFAC, será nulo e ilegal bajo las leyes de Venezuela y conforme al derecho internacional.
Aclaró, asimismo, sea cualquier otra licencia general, específica o decisión derivada de estas, emitida por órganos, entidades o poderes públicos extranjeros.
El Gobierno venezolano subrayó que nada de eso será reconocido por el Estado venezolano, ni por sus órganos del poder público, incluido el Ejecutivo nacional de la República, representado por el presidente Nicolás Maduro.
La República Bolivariana se reserva el derecho a tomar todas las medidas legales a su alcance para evitar que se concrete “esta nueva agresión” y determinar las correspondientes responsabilidades criminales, dentro y fuera del territorio nacional, puntualizó el documento.
Venezuela reiteró su denuncia contra Estados Unidos por acciones que violan el derecho al libre comercio y el derecho internacional y ratificó su compromiso con hacer valer los derechos de todo el pueblo.
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