“Nosotros no somos un basurero de violadores y aquí vamos a hacer respetar la ley y los derechos de nuestra niñez más allá de posiciones y creencias religiosas que las podemos tener”, aseguró la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.
La titular expuso en una conferencia de prensa los contenidos del anteproyecto de normativa de lucha frente a la impunidad en delitos sexuales contra infantes, niños, niñas y adolescentes elaborado por el Gobierno.
Esa propuesta de normativa tiene como trasfondo el escándalo que conmociona al país altiplánico tras la revelación en un diario de al menos 85 delitos de este tipo por parte del cura pederasta Alfonso Pedrajas (alias Pica), la mayoría en Bolivia.
Los abusos del sacerdote jesuita fueron desvelados el 30 de abril en una amplia investigación periodística por el periódico El País, de España, y su onda expansiva originó en Bolivia una investigación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial sobre el encubrimiento de otros clérigos a las ilícitas de “Pica”, fallecido en 2009.
Prada explicó que con la futura norma los delitos cometidos contra la niñez y adolescencia “podrán ser investigados y juzgados cualquiera sea la fecha que se hayan cometido, de modo que los que sean declarados culpables sean efectivamente castigados”.
“Se está disponiendo la conformación de una Comisión de la verdad, (…), que no puede quedarse únicamente en temas investigativos”, señaló Prada en declaraciones al canal estatal Bolivia Tv.
Describió que este equipo estará integrado por los ministerios de la Presidencia, Justicia y Gobierno; de los titulares de las cámaras de Diputados y Senadores; del Fiscal General, la Procuraduría, Defensoría del Pueblo, además de representantes del Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional.
De acuerdo con el artículo dos de la iniciativa propuesta, “son imprescriptibles, tanto en la acción como en la pena, los delitos previstos en el título onceavo de los delitos contra la libertad sexual del Código Penal elevado a rango de ley, por la Ley 1768 cuyas víctimas sean infantes, niños, niñas y adolescentes”.
En tal sentido, el documento plantea modificar los artículos 308 y 308 (bis) del Código Penal para que se sancione a los autores de este tipo de ilícitas cuando las víctimas sean menores de edad, además de ampliar la protección penal frente a estos crímenes por parte del Estado.
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