En junio de 2022, las protestas que paralizaron al país centroamericano más de un mes y obligaron al Ejecutivo a establecer una mesa única de diálogo para frenar la crisis, comenzaron por los educadores, sobre todo en la occidental provincia de Veraguas y la capital.
En esta ocasión, dirigentes de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), Asociación de Educadores Veragüenses y la Asociación de Movimiento Gremialista, entre otras, precisaron a la prensa que entre los puntos demandados están los ascensos de categoría y la asignación del 5,5 por ciento del Producto Interno Bruto, algo acordado en 2022, pero que no se cumple.
Los docentes remarcaron que si este viernes no tienen respuesta del Gobierno, iniciarán acciones de fuerza.
Se espera que la ministra del ramo, Maruja Gorday, reciba a los lideres del gremio y luego se reúnan con autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas para buscar una solución, pues se requieren 34 millones de dólares para pagos retroactivos y 15 millones en vigencias expiradas.
Los llamados a huelga por el alto costo de la vida en el istmo retoman fuerza, sobre todo a partir de la incertidumbre sobre una segunda fase de las conversaciones entre los colectivos populares, la administración de Laurentino Cortizo y el empresariado privado, luego que la Iglesia católica se desentendiera de su rol como facilitadora.
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