Así se desprenden tanto de las declaraciones del principal negociador republicano, Garret Graves, quien dijo que la administración de Joe Biden estaba haciendo solicitudes “irrazonables”, como las de la Casa Blanca, después de una reunión a puertas cerradas acontecida durante la víspera sobre el tema.
“Es hora de hacer una pausa porque simplemente no es productivo. Hasta que las personas estén dispuestas a tener conversaciones difíciles sobre cómo avanzar y hacer lo correcto, no nos sentaremos aquí y hablaremos con nosotros mismos”, declaró el conservador.
“No hay duda de que tenemos serias diferencias”, afirmó por su parte la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre en referencia a las discusiones.
Si no se eleva el techo de la deuda desde su límite actual de 31,4 billones (un millón de millones), el país podría suspender los pagos de la seguridad social y los salarios de sus empleados federales, además de los estragos que causaría en la economía global, afectando los precios y las tasas hipotecarias en otros países.
Patrick McHenry, un republicano de Carolina del Norte que está involucrado en las negociaciones confesó al Wall Street Journal que las negociaciones estaban en «un punto muerto”.
“Estamos en un momento muy malo”, sentenció.
Tanto el presidente Biden como el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, están bajo presión de sus respectivos partidos para no ceder ante la bancada contraria.
Docenas de progresistas de la Cámara Baja, por ejemplo, enviaron una carta ayer al mandatario de la nación donde aseguran que no votarán por un “mal acuerdo” sobre el techo de la deuda, y lo instaron a invocar la Enmienda 14 de la Constitución.
La misiva fue firmada por 66 demócratas de esa instancia legislativa liderados por la presidenta del Caucus Progresista Pramila Jayapal y los representantes Ilhan Omar y Greg Casar, quienes solicitaron no acceder a los intentos republicanos para “recortar programas federales esenciales que ayudan a millones de estadounidenses”.
La Sección 4 de la Enmienda 14 a la que aluden los congresistas estipula que “la validez de la deuda pública de los Estados Unidos, autorizada por la ley, incluidas las deudas contraídas para el pago de pensiones y bonificaciones por servicios en la represión de la insurrección o rebelión, no será cuestionada».
Sin embargo, esta opción también recibe objeciones.
La Cámara de Comercio, el grupo empresarial más grande de la nación, advirtió también ayer al presidente Biden sobre los efectos económicos potencialmente desastrosos de invocar dicho postulado para evitar que el país incumpla sus adeudos.
Intentar invocar los llamados “poderes” bajo la Enmienda 14 sería tan económicamente calamitoso como un incumplimiento provocado por no levantar el límite de la deuda de manera oportuna, escribió Neil Bradley, director de Políticas y de Promoción Estratégica de esa asociación.
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