Será la 28 edición de esta manifestación que se repite en diversas ciudades del país, y que en esta capital convergerá en la Plaza Libertad con tres demandas: Memoria, Verdad y Justicia.
Ocurrirá cuando se cumplen 50 años de instaurada la dictadura cívico-militar, responsable por crímenes de lesa humanidad.
Tendrá lugar sin avances en la búsqueda de los 192 desaparecidos y poco adelanto en la aplicación de la justicia por aquellos crímenes cometidos bajo el paraguas del Plan Cóndor, que asoció a las dictaduras de la región.
Así lo considera Ignacio Errandonea, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, asociación convocante de la marcha.
«Información no ha llegado y la búsqueda que está cargo de la Institución Nacional de Derechos Humanos es a ciegas porque es por indicios, así no vamos a avanzar prácticamente nada», aseguró.
Subrayó en declaraciones a la prensa que luego de dos reuniones al inicio de su administración, el presidente Luis Lacalle Pou no ha tenido más contactos con los familiares de las víctimas.
Erradonea acotó que el ministro de Defensa Javier García “se comprometió a entregar la documentación que le llegue sobre los desaparecidos, pero no expresó comprometimiento con la búsqueda de información” al respecto.
“No están buscando”, puntualizó.
Sobre un proyecto de ley que el gobierno presentó al Parlamento para hacer público documentos relativos a violaciones de los derechos humanos, apuntó que se trata de archivos ya conocidos. A la par fustigó lo que consideró falta de exigencia para que las fuerzas armadas entreguen información secuestrada.
En el plano de la justicia hay algunos avances, pero también atisbos de retroceso, añadió.
Desde 2018 trabaja en Uruguay una fiscalía especializada que concentra las investigaciones sobre los atropellos de la dictadura.
Según el fiscal especial en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, desde esa fecha existen 30 casos con pedido de procesamiento de la justicia, 13 con condenas efectivas y 15 solicitudes de procesamiento pendientes a la espera de resolución.
En la última etapa fueron juzgados y condenados varios implicados en delitos de lesa humanidad, mientras.
Desde otra esquina, en el Parlamento hay un proyecto de ley para la reparación de familiares de víctimas por el accionar de grupos armados, léase Tupamaros, por ejemplo, que enfrentaron a la dictadura.
Defensores de derechos humanos, en particular expresos políticos como agrupados en Krysol, rechazan la iniciativa; argumentan que no alude a los grupos paramilitares de aquel régimen que actuó entre 1973 y 1985.
Otro proyecto legislativo, que llega desde la coalición de gobierno, pretende establecer prisión domiciliaria para mayores de 70 años. Con ello se busca beneficiar a convictos por terrorismo de Estado presos en el penal de Domingo Arenas, según sus proponentes.
El proyecto de normativa coincide con exigencias de sectores de ultraderecha que reclaman la libertad de esos condenados por la justicia.
En este contexto está por vencerse el plazo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) impuso al Estado uruguayo para que, públicamente, reconociera su responsabilidad en el asesinato de las llamadas Muchachas de Abril.
Se trata de Silvia Reyes, embarazada de tres meses, y las estudiantes de psicología Laura Raggio y Dina Maidanik, quienes, sin oponer resistencia, fueron masacradas con más de 200 proyectiles por efectivos del Ejército y la Policía.
Fue el 21 de abril de 1974 en un barrio de esta capital. Las tres eran militantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, al que apoyaban con tareas como repartir volantes, afirman sus defensores.
A última hora el gobierno uruguayo decidió convocar a un acto reparatorio en el Parlamento para cumplir con la CIDH, pero se le comunicó a los familiares que el presidente Lacalle Pou delegó su representación en la vicepresidenta Beatriz Armigón.
Quizás resultó un gesto apaciguador frente al partido Cabildo Abierto, liderado por el general (r) y senador Guido Manini, con fuertes nexos con el sector militar, y parte de la coalición de gobierno que funciona también en el escenario legislativo.
La decisión presidencial recibió el rechazo de los familiares de las víctimas y resultó otra mala señal sobre el tema por parte del mandatario.
Sobre todo en un país donde están expuestas las heridas infligidas en aquella época oscura, y cuando siguen faltando 192 uruguayos sin atisbos de su paradero.
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