Tras varias amenazas de ir a un paro nacional, los docentes lograron acuerdos con autoridades del Ministerio de Educación para que en agosto próximo se salden todos los pagos retroactivos pendientes desde 2020, un monto de unos 34 millones de dólares.
La titular del ramo, Maruja Gorday, afirmó que la respuesta se logró de conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas, con lo que se evita la suspensión de clases en el sistema público.
Los representantes de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (Asoprof), Asociación de Educadores Veragüenses y la Asociación de Movimiento Gremialista, también demandaron la asignación del 5,5 por ciento del Producto Interno Bruto, algo acordado el pasado año, pero que no se cumple.
Los llamados a huelga por el alto costo de la vida en el istmo comienzan a tomar fuerza, sobre todo a partir de la incertidumbre sobre una segunda fase de las conversaciones entre los colectivos populares, la administración de Laurentino Cortizo y el empresariado privado, luego que la Iglesia católica se desentendiera de su rol como facilitadora. A esos reclamos también se sumaron los estudiantes de la Universidad de Panamá, quienes cerraron en la semana la céntrica avenida Transístmica y crearon un caos vehicular en esta capital.
Los manifestantes demandaron soluciones concretas a los elevados precios de la canasta básica familiar y la electricidad.
De acuerdo con un comunicado que circularon los universitarios, al galopante alto costo de la vida se suman otros problemas como el contrato suscrito por el Ejecutivo y la empresa Minera Panamá, filial de la trasnacional canadiense First Quantum, en el intento de despojar al país de sus recursos naturales más apreciados como el cobre.
En los últimos siete días, la precandidata presidencial independiente, Maribel Gordón, denunció irregularidades en el proceso de recolección de firmas de respaldo, de cara a comicios generales de 2024.
La economista que representa a las fuerzas progresistas y el proyecto La Opción Correcta, entregó una carta a magistrados del Tribunal Electoral y demandó una investigación sobre lo que es antesala de un fraude en esa consulta.
Gordón, quien ya escaló a la tercera posición entre esos aspirantes superando a Francisco Carreira- solo los tres con más rúbricas entrarán a la boleta electoral-manifestó en la misiva su preocupación por supuestas “inconsistencias” en la plataforma de recolección de firmas.
Además, opinó que esta situación muestra a los sistemas del Tribunal Electoral seriamente comprometidos con fallas e irregularidades constantes y, creemos, vulnerables a ataques cibernéticos y hasta para manejos corruptos.
En la semana también trascendió la decisión del Órgano Judicial de celebrar del 23 de mayo al 5 de junio la audiencia por el caso New Business, en el que aparece como uno de los acusados el expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014).
La investigación consta de 164 tomos y comenzó en 2017, cuando el Ministerio Público (MP) tuvo conocimiento de la comisión del delito contra el orden económico por la compra irregular de un conglomerado de medios informativos.
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