En ese sentido, ADLA reconoció el interés del Gobierno de instituir un marco legal para el fomento del desarrollo de la aviación civil comercial en el país, pero sostuvo que el documento no trata de manera adecuada los problemas que padecen los operadores aéreos.
Precisó que esas dificultades -mantenidas en la versión aprobada- impide a las compañías a ser competitivas, mientras otras que explotan rutas hacia y desde República Dominicana son estimuladas por sus naciones de origen.
La agrupación consideró que los impuestos al aumento de capital deben ser eliminados pues desanima la inversión en el sector; de igual manera, dijo, carece de sentido el gravamen al consumo aplicado al seguro de aeronaves (16 por ciento), que aumenta el costo de operación.
A principios de este mes el Senado dio luz verde a la propuesta del Poder Ejecutivo dirigida a aumentar los visitantes y establecer nuevas rutas domésticas e internacionales desde y hacia mercados estratégicos en el territorio nacional.
La ley involucra a los operadores del patio dedicados al transporte de pasajeros, carga o correo nacional e internacional, y al conjunto de actividades vinculadas a la explotación comercial de itinerarios de aeronaves civiles.
Establece que están excluidas de la misma los aviones del Estado y los de uso personal.
Entre los alicientes fiscales a favor de las empresas contempladas en la ley figuran la exención total de la retención del impuesto por conceptos de pagos de rentas al exterior por arrendamientos de aeronaves o sus motores.
También contempla los servicios de mantenimiento y reparación de aviones y la detención de un cinco por ciento del impuesto por concepto de pagos al exterior por entrenamientos y capacitación al persona, uso de programas informáticos y software.
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