Tal caso involucra además a otros dos acusados: los empresarios Luis Pereira Duarte de Amorim y Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos.
El primero es señalado en la denuncia como administrador de empresas de Collor y el segundo sería el operador particular del también exsenador.
Inicialmente, en la denuncia del Ministerio Público, el exmandatario (1990-1992) fue acusado de recibir 29,9 millones de reales (unos seis millones de dólares) en propina por negocios de la compañía BR Distribuidora, subsidiaria de Petrobras en la venta de combustibles.
Sin embargo, para los ministros, la gratificación sería de 20 millones de reales (cuatro millones dólares).
De acuerdo con la imputación, presentada en 2015, los pagos fueron hechos entre 2010 y 2014 en negocios envolviendo la filial, que tenía en la época dos directores indicados por el exgobernante.
La presidenta del STF, Rosa Weber, presentó en la sesión de este jueves su voto y también concluyó la condena por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero. Los otros ministros ya habían ejercido su derecho.
El siguiente paso es la definición de la pena que sería aplicada, lo que debe ocurrir aún este jueves.
Relator del caso, el juez Edson Fachin sugirió más de 33 años de prisión, además de la aplicación de multa, pago de indemnización por daños, pérdida de bienes relacionados con el delito y prohibición del ejercicio de la función pública.
Para la definición de la pena, el plenario tendrá que analizar si Collor será encuadrado en un tercer crimen (de asociación criminal), como propuso el ministro André Mendonça, o de organización criminal, como sugirió el ponente.
Cuatro ministros se alinean al posicionamiento de Fachin sobre organización criminal: Luís Roberto Barroso, Carmen Lucía, Luiz Fux. En ese punto, los magistrados Antonio Días Toffoli, Alexandre de Moraes y Rosa Weber votaron con Mendonça.
Si el castigo es superior a ocho años, Collor deberá iniciar el cumplimiento de la condena en régimen cerrado, o sea, en prisión.
Al respecto, el equipo jurídico del exparlamentario indicó en nota: «la defensa reitera su convicción de que el expresidente de la República Fernando Afonso Collor de Mello no cometió ningún crimen y tiene plena confianza de que hasta la proclamación del resultado final esa convicción prevalecerá».
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