Por Ricardo Arturo Salgado*
Colaborador de Prensa Latina
Como sea, las puntas de lanza de las operaciones psicológicas están en los medios de comunicación y las redes sociales. Es así que el gobierno progresista de la presidenta Xiomara Castro ha sido objeto de un fuego incesante desde el mismo día que inició su gestión.
En Honduras, los medios de comunicación privados constituyen el 98 por ciento de toda la prensa, y la cantidad de granjas de trolls y bots creadas desde el narco régimen del Partido Nacional de Juan Orlando Hernández ocupan un enorme espacio que cuenta con el apoyo decidido de las comunidades más virulentas de la derecha de Estados Unidos.
Por esa razón, por ejemplo, es casi imposible lograr que una red social como Twitter le dé baja a una cuenta falsa a nombre del Gobierno de Honduras.
Durante las últimas semanas, la administración actual ha emprendido una lucha por cambiar las reglas del juego en materia tributaria. Básicamente, la idea es terminar con los regímenes especiales que exoneró del pago de impuestos a un pequeño grupo de empresarios en los últimos 50 años.
Gracias a ese sistema de exoneraciones fiscales, cosas tan disímiles como comidas rápidas, medios de comunicación, generadoras de energía por medio de combustibles fósiles y hasta empresas de narcotraficantes pudieron florecer mientras se aceleraba el crecimiento de la miseria y la desigualdad.
Frente a la opinión pública, esta es una batalla ganada por el gobierno a pesar de una costosa campaña de las elites que abarca al sector político de la derecha, empeñado en cumplir su tarea de evitar que los más ricos pierdan sus privilegios y compitan con una inmensa cantidad de empresas que no solo pagan impuestos, sino que pagan tasas infinitamente más altas por los préstamos de la banca local.
Fundamentalmente, para que un pequeño emprendedor obtenga un préstamo, debe demostrar que no necesita el dinero. No hay nada más lejano a la panacea del libre mercado que lo que sucede en Honduras; los ricos se hacen ricos saqueando a los pobres.
El otro tema álgido es el ingreso de Honduras a la Comunidad Andina de Fomento, CAF, que debe ser ratificado por el Congreso Nacional, con predominio de la derecha, desde la oportunista hasta la fascista.
El punto aquí es no ratificar la adhesión para evitar que el gobierno acceda a nuevas fuentes de financiamiento. Si vemos el panorama completo, el propósito es evitar el acceso a fondos y el reordenamiento de las finanzas, que ayudaría a soportar la carga de la deuda social acumulada tras 12 años post golpe de Estado.
En el contexto actual, los pasos que da el gobierno de la presidenta Xiomara Castro tienden a favorecer a las grandes mayorías, y las matrices de opinión pública, al menos las regulares, son insuficientes para convencer a la población que es buena idea seguir manteniendo un sistema parasitario en el cual, en nombre de la competitividad, se ha destruido la economía del país.
Con una población económicamente activa de cuatro millones de personas, el cinco por ciento más rico del país apenas genera el seis por ciento de los puestos de trabajo.
Además, es a este sector que se debe la mayor construcción de corrupción existente hace muchos años. Solo a finales de 2021, después de que la derecha perdiera las elecciones, el Congreso saliente aprobó cuatro nuevos regímenes de privilegios para las mismas 25 familias.
El gobierno de la República ha dado pasos gigantescos, algunos de ellos históricos, y hasta hace poco impensables, como la apertura de relaciones diplomáticas con China, de las que se esperan acuerdos provechosos dentro del marco del más absoluto respeto.
Aunque mantiene muchas dificultades, principalmente en Educación y en Salud, la actual administración tiene muchos programas de alivio para la crisis que proviene del tránsito mundial hacia la multipolaridad, y la desastrosa herencia encontrada de los 12 años más aciagos en la historia nacional.
Incapaces de lograr un balance favorable en la opinión pública, las elites estimuladas por sectores políticos de Estados Unidos activaron voceros con una campaña de múltiples direcciones, en la que la parte más significativa ha sido la presentación de parte del Consejo Nacional Anticorrupción (ONG financiada con fondos del Estado y controlada por los Estados Unidos), de un seudoinforme sobre “Nepotismo y Exceso de Concentración de Poder”.
En medio de un show de luces tipo disneylandia se ha hecho un despliegue propagandístico contra el gobierno, sin presentar ni un solo caso de corrupción concreto, bajo la premisa de que el nepotismo produce corrupción.
Afloran los enemigos, tanto fuera como dentro del gobierno, que pretenden echar una capa de cieno sobre los funcionarios públicos, todos activados al unísono en lo que a todas luces es una operación psicológica para desplazar de la discusión nacional el problema fundamental de los privilegios de la clase dominante, la complicidad de la derecha en esa relación desigual, y sobre todo, la lucha de clases implícita en este proceso.
Vale la pena señalar que hasta la fecha no habían existido casos con indicios de corrupción hasta que en la misma semana de la operación psicológica aparecieron audios de una funcionaria que dejan poco a la imaginación y señalan corrupción en la Dinaf, ente encargado de tratar los temas de la niñez en el país.
La cuestión de la concentración de poder omite un hecho inescrutable: el poder es la capacidad de una clase de imponer sus intereses, incluso por la fuerza si es necesario. Ese poder, real, en Honduras, lo siguen ostentando las elites con el apoyo firme de Estados Unidos.
Sin embargo, a este gobierno se le acusa de ser intolerante, de no respetar la libertad de expresión, aunque cada periodista a sueldo de la derecha despotrica contra el gobierno, e incluso irrespeta a la presidenta, a cualquier hora del día, sin que hasta la fecha se les haya coartado de forma alguna la inmensa masa de calumnias y embustes con que sabotean todos los días.
Siendo este un gobierno popular, a pesar de obtener una victoria aplastante en las pasadas elecciones presidenciales es acertado decir se encuentra en una batalla desigual, en la que la clase dominante está tratando de generar condiciones de descontento entre la población, quizá con el ánimo de generar condiciones para un movimiento tipo revolución de colores.
Hasta la fecha, sin embargo, su base de apoyo social sigue siendo muy mala, y depende más de las fake news, memes o montajes mal hechos.
La misión fundamental de las comunicaciones del gobierno debe ser llegar con la verdad a las mayorías, que ahora deben entender que estamos en una lucha de verdad por el poder, en el cual quienes nos ahogaron en la pobreza impensable cuentan con una infinidad de recursos y no tienen escrúpulos ni para mentir, ni para robar, ni para matar. Así nos lo enseña la historia, vimos esto mismo en otros lugares del mundo.
Nos acusan de polarizar, como si los pobres vivieran felices de estar fregados toda su vida. No hay que olvidar que el único campo de consenso aceptado por la oligarquía es aquel en el cual la clase trabajadora se rinde y acepta firmar la rendición incondicional, que favorece y aumenta los ya obscenos privilegios.
Hoy estamos frente a una operación psicológica tipo cortina de humo pero la consigna sigue siendo que todos paguemos impuestos, que quienes más ganan, paguen más. El que pretende distraernos de esa verdad es nuestro enemigo.
arb/RAS
*Secretaría de Planificación Estratégica
