Según la comisión interventora encabezada por la viceministra de Seguridad Julissa Villanueva, durante el proceso de desarme, bloqueos de comunicación y otras estrategias en la cárcel conocida como El Pozo, se descubrieron escondites con armas de fuego, explosivos y municiones.
La información divulgada precisa que, en ese centro penitenciario de máxima seguridad ubicado en el departamento de Santa Bárbara, lograron extraer de varias caletas dos granadas de fragmentación, 11 armas de fuego y más de 300 proyectiles.
Además, encontraron tres chalecos antibalas, 88 armas cortopunzantes tipo puñales y machetes, 84 teléfonos celulares, una antena para señal de internet y varios repetidores wifi, entre otros objetos prohibido para los reclusos.
La acción se llevó a cabo en cumplimiento del Plan Solución Contra el Crimen que puso en práctica el Ejecutivo hondureño y tuvo como propósito crear espacios seguros para los procesos de rehabilitación y reinserción de los privados de libertad.
La iniciativa se desarrolló con la participación de unos dos mil 500 efectivos de la policía y el ejército, y forma parte de la política de las autoridades para recuperar la gobernanza en las cárceles del país.
Funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario aseguraron que el proceso se hizo con el estricto cumplimiento de los derechos humanos de los reos.
A inicio de abril último se registraron tiroteos entre pandilleros en cuatro cárceles de Honduras, lo cual provocó la muerte de un recluso, mientras otros siete resultaron heridos.
Un día después del enfrentamiento entre los miembros de la llamada pandilla 18 y la mara salvatrucha MS-13, la mandataria hondureña escribió en redes sociales que pondría orden y mano dura en las prisiones.
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