El análisis de la iniciativa promovida por el grupo parlamentario Libertades, Independientes, Ultramar y Territorios (LIOT) es la antesala del eventual voto del texto el 8 de junio en la Asamblea, lo cual el oficialismo intenta impedir al amparo de la Constitución.
La ecuación es simple en sus variables, de un lado, la mayor parte de las fuerzas políticas opositoras –salvo el partido conservador Los Republicanos- y los sindicatos apuestan por un último recurso para evitar la entrada en vigor en septiembre de la extensión de la edad de retiro de 62 a 64 años.
Del otro, el Gobierno y sus aliados esgrimen el artículo 40 de la Constitución, que señala que una ley emanada de los parlamentarios no puede degradar las finanzas públicas.
El argumento oficialista se basa en que la reforma de la jubilación representará para Francia 18 mil millones de euros en los próximos años, según el Ejecutivo.
Por tanto, este proyecto presentado por LIOT es anticonstitucional, advirtió la víspera la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, diputada por el partido gobernante Renacimiento.
Sin embargo, el presidente de la comisión de Finanzas de la Asamblea, Éric Coquerel (La Francia Insumisa), dio su visto bueno a las discusiones sobre la iniciativa encaminada a derogar la reforma antes de que entre en aplicación.
Las expectativas están centradas en la decisión de la comisión de Asuntos Sociales, la cual tiene en sus manos la posibilidad de modificar la propuesta y de conducir o no la misma al voto el 8 de junio.
El Gobierno parece confiar en que no llegará el momento del sufragio en la Asamblea Nacional o en que el proyecto entrará al Hemiciclo sin el artículo que deroga la extensión de la edad de retiro, en cualquier caso tiene bajo la manga la declaración de inconstitucionalidad.
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