Un vocero del Parlamento italiano señaló, en declaraciones divulgadas este jueves en el sitio digital del diario Il Giornale, que esta iniciativa debe aún ser aprobada en pleno por la Cámara el 19 de junio, tras lo cual pasará al Senado.
Desde 2004 la maternidad subrogada es un delito en Italia, con penas de cárcel por un máximo de dos años y multas de hasta un millón de euros para “quien, en cualquier modo, realice, organice o patrocine la comercialización de gametos o embriones”
Esta enmienda, propuesta por legisladores de la coalición gubernamental de derecha, propone penalizar a quienes recurran a la gestación mediante vientres de alquiler fuera de las fronteras italianas, con el argumento de que se trata de un “delito universal”, que puede “configurarse como un tráfico comercial de infantes”.
La ministra para la Familia, la Natalidad y la Igualdad de Oportunidades, Eugenia Roccella, una de las promotoras de la iniciativa, defendió la posición del gobierno, al plantear que es una “clara y de absoluta condena a toda forma de maternidad subrogada por ser lesiva de la dignidad de las mujeres y los derechos de los niños”.
Las fuerzas de oposición, entre ellas el Partido Demócrata (PD) y el Movimiento 5 Estrellas (M5S), cuestionan esta legislación al considerar que va en contra de la Constitución y obvia considerar el bienestar de los niños.
La secretaria del PD, Elly Schlein, manifestó que se trata de un tema “delicado y denso”, que requiere de mayor documentación y formación, pero enfrenta posiciones de su propio partido a favor de esa prohibición, como la de la senadora Valeria Valente, quien calificó hoy en una entrevista a la gestación subrogada de «violencia brutal contra la mujer».
El líder parlamentario de la Alianza de los Verdes e Izquierda Italiana, Devis Dori, aseveró que ese grupo votó en contra de la propuesta, presentada por el partido gubernamental Hermanos de Italia, porque “traiciona el principio del interés superior del menor”.
El M5S planteó por su parte en un comunicado, tras el visto bueno otorgado el miércoles último en la Cámara de Diputados a ese proyecto legislativo, que es necesario “detenerse a reflexionar sobre las consecuencias para los hijos de los padres que serán imputados por el nuevo crimen”.
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