El consejero de la corte Arturo Castillo dijo que se trata de las reformas electorales que se tomarán como base para organizar la contienda de 2024, tanto a nivel federal como local. Sin embargo, aclaró, la SCJN puede resolver en cualquier momento el destino del Plan B vetado por los magistrados aun cuando fue aprobado por el Congreso.
Castillo explicó que si la Corte decidiera hacer una interpretación extensiva determinará si la reciente reforma entra o no en lo dispuesto en la constitución.
Esta plantea que las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso en que vayan a aplicarse y durante el mismo no podrá haber modificaciones fundamentales.
En cuanto a si hay un plan alternativo en el Instituto Nacional Electoral (INE) en caso de que la SCJN avale una parte o la totalidad de la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la consejera Dania Ravel señaló que no tienen delineado un escenario distinto.
Respecto a si hay otro plan B aseguró que no porque hay una instrucción de la Suprema Corte que concedió una suspensión y no podríamos entrar en un desacato y haber hecho alguna actividad para que no lo implementáramos.
Recordó que el comité encargado de planear los cambios frente a la reforma -que incluye un cambio sustancial a la estructura del INE- suspendió trabajos, precisamente derivado de la que concedió un ministro.
Ravel precisó que el reglamento de elecciones indica que el plan integral y calendarios del proceso electoral federal 2023-2024 se tiene que aprobar antes del inicio del proceso electoral, sin que haya una fecha exacta.
La SCJN echó abajo el denominado Plan B electoral mediante el cual el ejecutivo reformaba leyes secundarias que a los magistrados no convienen porque obligaban a reducirse sus salarios y cumplir con lo dictado en la Constitución de que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente de la República.
Anteriormente, el congreso había eliminado el decreto de reforma electoral porque el Ejecutivo no alcanzó las tres cuartas partes de la votación necesarias para hacer cambios a la Constitución.
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