Las letradas, miembros del Consejo General de la Abogacía Española estaban en una misión de observación sobre la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y fueron notificadas antes de aterrizar en el aeropuerto de El Aaiún que no podían bajar del avión, por lo que tuvieron que regresar a las islas Canarias en el mismo vuelo.
Ambas, explicaron que se identificaron y mostraron a los gendarmes del reino sus cartas de presentación, pero no recibieron otra contestación que no fuese la inmediata expulsión del territorio saharaui.
«Las fuerzas marroquíes nos han impedido por la fuerza que pudiésemos bajar del avión. Yo solo he podido bajar tres escalones y tuvimos que retroceder. Íbamos a reunirnos con diferentes instancias de derechos humanos y con los familiares de presos políticos saharauis», declaró Miranda, presidenta de la Asociación.
Subrayó que informaron sobre su viaje a la Presidencia del Gobierno español, al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y a diferentes instancias nacionales, por lo cual denunciarán y exigirán que el gobierno español se pronuncie sobre la actitud de Marruecos con los observadores de derechos humanos en el Sahara Occidental.
El Consejo General de la Abogacía Española ya presentó por escrito su denuncia ante el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, donde expresa que con anterioridad a su expulsión las juristas fueron retenidas ilegalmente y sufrieron un «trato vejatorio durante varias horas en el aeropuerto de El Aaiún».
La asociación expuso además, que desde el fin del alto al fuego decretado por Naciones Unidas en 2020, aumentó la represión y la persecución política contra la población civil saharaui en las zonas ocupadas por Marruecos.
Las abogadas viajaron con el fin de investigar las denuncias de graves violaciones de derechos humanos formuladas por activistas y familiares de presos políticos saharauis supuestamente perpetradas por miembros de las fuerzas marroquíes.
rgh/ycv
