En declaraciones ofrecidas al programa Televistazo del Canal Ecuavisa, el funcionario detalló que las operaciones serán llevadas a cabo por agentes de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas del país andino.
De acuerdo con Moncayo, la decisión incluye a todas las funciones del estado como jueces, fiscales, autoridades seccionales, función ejecutiva, áreas estratégicas, entre otras.
Es pública la resolución por eso puedo hablar de ella; está establecida la recomendación al ejecutivo para que fortalezca la contrainteligencia, para proteger al estado de la infiltración del crimen organizado, dijo el funcionario.
El pasado 5 de mayo, el presidente Guillermo Lasso firmó también un decreto ejecutivo que autoriza a las Fuerzas Armadas a utilizar armamento letal para enfrentar actos delictivos identificados como terrorismo.
La medida llegó luego de que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) recomendara al mandatario actuar de esa manera para enfrentar la ola de violencia en el país.
El gobierno de Lasso implementa ese tipo de medidas ante la escalada de la violencia en el país, con cada vez más frecuentes robos, asaltados, asesinatos, extorsiones, secuestros, entre otros crímenes.
No obstante, analistas y organizaciones de la sociedad civil advierten sobre el alcance del decreto ejecutivo que puede servir de pretexto para actuar contra movimientos sociales y políticos.
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