Pese a las promesas de proteger los ecosistemas realizadas por el mandatario del país, Joe Biden, la política ambiental seguida por su administración suma objeciones debido a la prioridad conferida a la explotación de combustibles fósiles.
Según un recuento del sitio de noticias Common Dreams, el gabinete actual aprobó seis mil 430 permisos para la extracción de hidrocarburos en tierras públicas en sus dos primeros años, una tasa más alta que la del gobierno precedente.
Una de las mayores críticas suscitadas durante el primer semestre de 2023 se debió a la aprobación un plan masivo de perforación petrolera en el Ártico llamado Willow, que se estima generará hasta 278 millones de gases nocivos en 30 años.
También, a finales de marzo, el gobierno estadounidense realizó hoy una subasta de nuevas concesiones para la obtención de petróleo en el Golfo de México.
Según expresó en ese entonces el abogado de la organización Earthjustice, George Torgun, dicha acción revela cómo la administración es capaz de sucumbir a las necesidades de una industria rica en ganancias sobre el bienestar de las comunidades del Golfo, los ecosistemas vitales y los objetivos climáticos urgentes.
Asimismo, hace una semana, grupos defensores del cuidado medioambiental en Estados Unidos rechazaron el acuerdo tentativo, hoy Ley de Responsabilidad Fiscal, para elevar el techo de la deuda federal al considerar que constituye una rendición ante las grandes petroleras.
Uno de los aspectos más controversiales de la propuesta versa sobre la construcción del oleoducto Mountain Valley (MVP) que, según la asociación Oil Change International, emitiría por año a la atmósfera el equivalente a más de 89 millones de toneladas métricas de carbono.
A dicho proyecto se le han negado previamente varios permisos por parte de los tribunales debido a sus potenciales nocivos efectos desde Virginia Occidental hasta el sur de Virginia pero, según la nueva norma, el Cuerpo del Ejército de Ingenieros del país estaría obligado a emitir las licencias restantes en menos de un mes.
La regulación también limita las revisiones que pueden llevarse a cabo por las autoridades competentes para los planes que están bajo el control del gobierno federal, lo que facilita el avance de construcciones futuras incluso si las comunidades expresan inquietudes sobre derrames de petróleo y otros riesgos de salud.
Casi el 75 por ciento de la ruta proyectada para el oleoducto atraviesa terrenos con riesgo de deslizamiento de tierra moderado-alto o alto, denunció recientemente por una coalición integrada por 150 organizaciones de activismo ambiental.
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