Durante un discurso transmitido por radio y televisión, la mandataria señaló que dicha comisión la creó el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y recordó los aportes del sector agropecuario, los cuales representan el 12,9 por ciento del Producto Interno Bruto de esta nación centroamericana.
Según la gobernante, el 35 por ciento de las exportaciones del país corresponden a ese sector, cuya actividad se desarrolla básicamente en la zona rural, donde el 63 por ciento de la población vive en la pobreza y el 50 por ciento en pobreza extrema.
“Históricamente, la mayoría de las políticas agrarias han derivado en procesos fracasados, no podemos desconocer las condiciones precarias en que vive el sector rural y agrícola de nuestro país”, manifestó.
En ese sentido, resaltó el papel de quienes luchan a diario para llevar alimentos a sus casas, mientras otros sectores -dijo- gozan de grandes privilegios, exoneraciones y jugosas utilidades, producto de los injustos modelos económicos de la última década.
Castro afirmó que la reforma agraria es un asunto pendiente en su país, pues han transcurrido más de 30 años desde la promulgación de la ley para la modernización y desarrollo del sector agrícola.
Al respecto, la jefa de Estado añadió que dicha normativa no permite al Instituto Nacional Agrario (INA) dar respuesta positiva a la demanda de tierras que presentan las mujeres y grupos campesinos, comunidades indígenas y pueblos originarios.
Expresó que el decreto 18 promulgado en el año 2008 logró disminuir la mora agraria conformada por las solicitudes de tierras presentadas ante el INA, pero del 2010 en adelante tienen una nueva mora agraria constituida por mil 100 solicitudes de tierras, de las aproximadamente 400 resoluciones de expropiación emitidas.
“A la fecha existen aproximadamente 129 casos pendientes y 40 resoluciones que beneficiarán a cuatro mil manzanas de tierra y los respectivos títulos e igual número de campesinos que reunían los requisitos exigidos por aquel decreto que fue derogado”, subrayó.
Sobre las acciones para ordenar el acceso a la tierra, la primera mujer presidenta de Honduras mencionó la elaboración de un decreto ejecutivo para discutirlo en el consejo de ministros.
Además, indicó elaborar proyectos de ley para someterlos a discusión y aprobación en el Congreso Nacional, para dar respuesta a la problemática de la mora agraria y demás resoluciones y reformas que correspondan a ese poder del Estado, entre otras acciones.
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