Seguido de ensordecedores víctores de simpatizantes y aliados, el mandatario lanzó al ruedo tres propuestas que pueden cambiar el rumbo de la democracia y la política del país, pero, se abstuvo de definir políticas públicas que solucionen el problema económico, eleven el crecimiento y conduzcan a su país por una senda de desarrollo, estiman analistas.
El Centro de Estudios Jurídicos expuso esta problemática en un artículo de opinión reproducido en el diario La Prensa Gráfica, donde hace una comparación con la campaña presidencial en 1992 de William Clinton, en Estados Unidos, en la cual su estratega de campaña, James Carville, identificó el principal problema del país en la economía.
Carville, para mantener a su equipo enfocado, colocó un cartel en la casa de campaña. Decía: “¡Es la economía, estúpido!”, algo de lo que pecaron los asesores del salvadoreño.
Hace dos meses el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) publicó una encuesta en la que el 63.4 por ciento de los entrevistados respondió que en la actualidad la economía es el principal problema que enfrentan la población.
Solo el 15.2 por ciento señaló que el problema era la delincuencia, sin dudas la vedete en el mensaje presidencial.
Según el Centro de Estudios Jurídicos, mucho se escribió, publicó y analizó sobre el mensaje del mandatario pero, subrayó, lo que fue atronador fue su silencio, nada dijo sobre la economía.
No habló del tema en lo absoluto cuando el índice de crecimiento del PIB de 2,6 por ciento es de los peores en la región, la inflación campea rampante y la inversión extranjera presenta saldos negativos por primera vez en 12 años, según estadísticas del Banco Central de Reserva.
Planteó el grupo que no es casualidad que las encuestas reflejen que la economía es en este momento el principal problema del país. Las familias salvadoreñas lo sienten cada día. Y por eso sorprendió que en el informe anual del presidente nada se dijera sobre eso.
Algunas causas del deterioro económico son responsabilidad del Gobierno, entre ellas el detrimento del Estado de Derecho, que al incrementar el riesgo país alejó la inversión extranjera y obstaculizó el financiamiento internacional al Estado, acentuó la valoración.
Hay que reconocer que el problema también es influenciado por otras causas del entorno mundial y que no son atribuibles al Gobierno, pero, estiman los expertos, el Ejecutivo tiene la obligación de definir políticas públicas que solucionen el problema económico, eleven el crecimiento y conduzcan a una senda de desarrollo.
Eludir esa responsabilidad y guardar silencio sobre la principal preocupación de los salvadoreños no solo es otra afrenta a la Constitución, sino una falta de respeto a todos esos ciudadanos que se esfuerzan por sacar adelante a sus familias, concluyó el Centro de Estudios Juridicos.
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