Hemos culminado la reunión en el despacho del Ministerio Público, manifestó el funcionario venezolano en su cuenta en Twitter.
También dialogaron acerca de la implementación del memorando de entendimiento suscrito entre el Estado de la República Bolivariana y la Fiscalía de la CPI.
Khan llegó a esta capital procedente de Colombia, donde sostuvo un encuentro con el presidente Gustavo Petro.
El pasado 3 de abril el Gobierno bolivariano rechazó de manera categórica los señalamientos realizados por el Fiscal de la Corte Penal Internacional, en su respuesta a las observaciones presentadas por Venezuela.
En un comunicado el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores calificó “sin fundamento” las indicaciones de la CPI acerca del denominado asunto “Venezuela I”.
Una vez más, el Fiscal de la Corte Penal Internacional da muestras de una visión claramente prejuiciada en relación con Venezuela, reproduciendo sin ponderación las campañas que pretenden instrumentalizar el tema de la justicia y los derechos humanos con fines políticos, indicó la nota.
El texto señaló que todo ello en “perjuicio de la seriedad y rigurosidad” que se espera de una instancia internacional de tanta relevancia.
Explicó que la República Bolivariana presentó el 28 de febrero de 2023 ante la CPI, un sólido documento que desvirtúa todas las falacias de la agresión mediática y geopolítica puesta en marcha para acusar a Venezuela de “supuestos crímenes de lesa humanidad”, que nunca han ocurrido.
La Cancillería subrayó que las afirmaciones recientemente presentadas por el Fiscal para nada desvirtúan los irrebatibles planteamientos realizados por Caracas.
Por el contrario, afirmó, confirman que la CPI “carece de competencia para conocer de los hechos presentados por el Fiscal Khan, a la luz de lo dispuesto en el Estatuto de Roma y la jurisprudencia de ese organismo internacional”.
Venezuela ratificó que seguirá ejerciendo todas las acciones disponibles para hacer prevalecer la verdad y defender sus derechos como nación, frente a esta expresión de “lawfare” que abiertamente utiliza la institucionalidad de la Corte Penal Internacional con fines políticos.
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