En una conferencia de prensa en una visita a la ciudad amazónica de Iquitos, afirmó que aquellas protestas, que dejaron un alto saldo de muertes, planteaban demandas políticas que calificó de inviables, como un delante de elecciones y una asamblea constituyente.
Reconoció que la gran mayoría de los manifestabtes protestaban por reivindicaciones histórias justas y no una agenda social, que es la de su gobierno instalado hace siete meses tras la destitución y encarcelamiento del presidente Pedro Castillo por anunciar la disolución del Parlamento.
Sostuvo, sin embargo, que un grupo minoritario utilizaba las manifestaciones “para generar el caos, la violencia, la crisis, por interés político”.
Un reportero le preguntó sobre la presencia a su llegada, en el aeropuerto, de un grupo de pobladores de Iquitos que mosraban carteles con lemas contra la presidencia y respondió que solo vio gente que la aplaudía.
La mandataria añadió que ella lleva solo seis meses en el cargo, en medio de una crisis que atribuyó a las protestas, y planteó que se evalúe su desempeño cuando cumpla un año en la presidencia, en diciembre próximo.
Fue preguntada sobre la declaración del primer ministro Alberto Otárola a la televisión francesa, según la cual “la crisis ya concluyó” y la gobernabilidad está garantizada, lo cual contrasta con la protesta pacífica cumplida ayer en la surandina región de Puno
“Ese grupo minioritario se sigue movilizando y habría que identificar quién está financiando esas movilizaciones”, sostuvo, al confirmar tácitamente que el Gobierno no ha demostrado el supuesto financiamiento que menciona con frecuencia.
La nueva encuesta verificó que tiene una aprobación de 17 por ciento, frente a una desaprobación de 77 por ciento, esta última con un incremento de un punto, y cuenta con solo cinco por ciento que la considera confiable.
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