Pérez sostuvo que esa determinación significa «mantener en estado de exclusión a más de 260 mil personas ocupadas en esa actividad» y «vuelve a poner en riesgo la aplicación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el empleo decente para ese grupo de la población.
Consideró que la normativa de la cartera de Trabajo constituye un paso de avance en la medida en que establece la contratación obligatoria, horarios limitados a ocho horas diarias e inclusión en la Seguridad Social de esas empleadas.
El pasado miércoles el juzgado consideró inconstitucional la disposición “sobre adopción y armonización de medidas referentes al mejoramiento del cumplimiento del Convenio 189 de la OIT”, para ajustar la ocupación de las domésticas.
Ese órgano argumentó su decisión por «violación a la separación de poderes, extralimitación del ministro de Trabajo, modificación ilegal del Código de Trabajo y desconocimiento de disposiciones del citado Convenio 189».
Un día después, el Gobierno indicó que evaluará la sentencia y luego tomará una posición.
«Nuestra intención es que se haga justicia con todas las empleadas domésticas del país; obviamente que tenemos que respectar cualquier decisión del Tribunal Constitucional, pero buscaremos la forma legal para poder lograrlo, expresó el presidente Luis Abinader.
De su parte, el ministerio de Trabajo informó que esperará a que ese órgano emita el fallo de manera completa para estudiarlo y dar su opinión.
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