Nuestra posición no cambiará mientras el Partido Ley y Justicia esté en el poder, dijo el jefe de gobierno un día después de que los responsables de Interior de los Veintisiete abriesen la puerta a un nuevo marco para el reparto de refugiados.
La medida fue rechazada por los representantes polacos y húngaros, dos naciones bajo escrutinio del ente comunitario por temas relativos al respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión.
Tras años de desacuerdos los representantes del bloque llegaron a un acuerdo que contempla el reparto solidario de migrantes, de tal manera que quienes no se sumen a este marco, puedan compensarlo con el pago de 20 mil euros por migrante no reubicado que le corresponda, u ofrecer material necesario por valor equivalente.
La comisaria de Interior, Ylva Johansson, afirmó hoy que negativas como las de Polonia y Hungría forman parte de la normalidad de los procesos en el seno del Consejo de la Unión Europea, pero advirtió que una vez alcanzado el acuerdo, todos los Estados miembro deberán cumplir las normas.
El rechazo de Polonia sucede al inicio por parte de la UE de una anunciada acción legal contra el país tras la aprobación de una ley que de acuerdo con críticos, podría amparar la persecución de políticos opositores.
La nueva norma interfiere en el proceso democrático y viola el principio de democracia y los derechos a una protección judicial efectiva. según la Comisión Europea y además preocupa a Bruselas por su posible instrumentalización contra la oposición al actual ejecutivo conservador polaco, encabezada por el ex primer ministro Donald Tusk.
Cabe destacar que Varsovia es el más fiel aliado de la UE y Occidente en su arremetida contra Rusia y figura entre los países con más sanciones emitidas contra el gigante eslavo, tras el lanzamiento de la operación militar especial en el Donbás, en febrero de 2022.
Su territorio alberga gran cantidad de efectivos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y el presidente Andrzej Duda es un firme opositor a Moscú.
No obstante esos méritos, la Comisión Europea exigió en octubre de 2021 a esta nación el pago de una multa ascendente a un millón de euros diarios por mantener en activo la sala disciplinaria del Tribunal Supremo, una práctica que la UE considera una amenaza para la independencia de los jueces.
Los cuestionamientos desde el bloque comunitario a su aliado tienen precedentes no tan cercanos y ahora la conocida como Ley Tusk desató la nueva investigación que, según analistas, tiene carácter político pues coincide, además, con próximas elecciones parlamentarias en este país en otoño a las que se presentará el propio expresidente del Consejo Europeo.
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