Varios medios locales advirtieron que, con el convenio de financiamiento internacional, suscrito el pasado 9 de mayo mediante la emisión de bonos azules, el Ejecutivo sacó del mercado unos mil 630 millones de dólares en bonos.
A través de ese procedimiento el Estado andino logró ahorrar un total de mil 126 millones de dólares de su deuda externa, sin embargo, el acuerdo establecía que los fondos serían gastados por un fideicomiso especial llamado Galapagos Life Fund (GLF), una corporación constituida en Estados Unidos.
Un fideicomiso es un contrato con el cual una o más personas transmiten bienes, cantidades de dinero o derechos, presentes o futuros, de su propiedad a otras para que los administre o invierta en beneficio propio o de un tercero, llamado beneficiario, y se transmita su propiedad, al cumplimiento de un plazo.
Este viernes, el diario El Comercio replicó una publicación del portal digital Jacobin donde ese medio de comunicación alertaba que las garantías recibidas por el Estado ecuatoriano eran blandas y que no garantizaban que el fideicomiso se ejecutara, poniendo en riesgo el control soberano de la región.
Dicho fideicomiso operará en el archipiélago hasta el 2041 y la negociación implicaría que GLF defina las políticas públicas, sobre todo de inversión, en las Galápagos. Por ende, ellos se encargarían de la administración de las actividades comerciales como la pesca y el turismo allí.
A propósito, este sábado el Gobierno ecuatoriano emitió un comunicado donde ratificó su compromiso con el cuidado y conservación de la biodiversidad del país y subrayó que Ecuador no ha cedido ningún tipo de control de la soberanía sobre las Islas Galápagos.
En el texto, el Ejecutivo aclaró que GLF es una entidad privada cuyas inversiones provienen de fundaciones y no implica el uso de fondos públicos, reflejó el documento.
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