A esa conclusión llegó el abogado constitucionalista puertorriqueño Carlos E. Ramos González ante la determinación emitida este jueves por el máximo foro judicial estadounidense, al considerar que la Constitución no permite los programas de acción afirmativa en las instituciones de educación superior de la nación norteña.
El catedrático de Derecho en la Universidad Interamericana de Puerto Rico destacó que decir, en los procesos de admisión, la raza o color de piel, no puede ser considerado como factor que incremente las posibilidades de admisión de una estudiante.
Ramos González precisó en un artículo en el diario El Nuevo Día que hasta hace unas horas, las universidades podían apreciar más favorablemente o consciente a aspirantes provenientes de minorías raciales, pero solo de una manera holística —sin cuotas específicas ni criterios factoriales separados.
Ahora, refirió, el tribunal adopta la nueva normativa recogida en dos controversias consolidadas: Estudiantes para admisiones justas v. Harvard College, una Institución privada y sus obligaciones bajo las leyes de derechos civiles federales, y la segunda está vinculada a una universidad pública y su responsabilidad directa constitucional.
Se trata, observó, de una extensa decisión tomada con votación 6-2 —una jueza se abstuvo en el caso de Harvard College— y la otra 6-3, en la que el tribunal se dividió en su conocido bloque conservador y bloque liberal.
Para Ramos González, “conviene recordar la naturaleza y razón de ser de los esquemas declarados inconstitucionales; se trata de empeños tomados por el gobierno federal desde hace más de 60 años dirigidos a compensar (la discriminación), persecución y explotación histórica contra las minorías raciales norteamericanas”.
En los procesos de admisión universitaria estos esfuerzos se tornaron en diversas estrategias que comenzaron por crear cuotas específicas adscritas a personas de grupos minoritarios, mientras que otras perseguían añadir puntuaciones o valores positivos a aspirantes cualificados que reunían tales características.
“A mi juicio, la decisión tomada por el Tribunal Supremo es una muy trágica con implicaciones devastadoras para la sociedad norteamericana”, dijo el letrado.
Resaltó que la premisa fundamental de los conservadores que la apoyan, si somos benignos con ellos, es que las minorías raciales ya no necesitan del apoyo del Estado para remediar de alguna forma la desventaja y exclusión racista histórica en los procesos de admisiones universitarias.
Tampoco se valora la necesidad de una comunidad universitaria que refleje una diversidad lograda por este medio, pues según la Constitución no puede discriminar por raza, no importa sean minorías o mayorías.
En este escenario educativo universitario se argumenta de forma equivocada y perversa que se ha erradicado la discriminación racial, una conveniente ficción que oculta una realidad sistémica que permea la enfermiza sociedad norteamericana, según el catedrático.
Ramos González piensa que quizás pueda articularse esta crítica de otra manera: la Guerra Civil norteamericana comenzada en el siglo XIX nunca se ha acabado, por lo que esta batalla la ha ganado el Sur.
El profesor de Derecho resumió que al decir de Martin Luther King, y según la frase final de la opinión disidente de la jueza de origen puertorriqueño (Sonia Sotomayor), “el arco de la moralidad universal se doblará hacia la justicia racial a pesar de los esfuerzos que hoy hace el tribunal para impedir su progreso”.
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