Los recursos recuperados por la acción bajo el nombre de Pavo Real y pasados al Estado, estimados en 650 millones de dólares, fueron localizados en departamentos norteños como Amambay, Concepción, Alto Paraná, así como en Central y San Pedro, añadió el periódico.
Las propiedades incautadas comprenden inmuebles en regiones como Pedro Juan Caballero, cuartel general de Chimenes, y firmas como Agroganadera Coelho SA, Caucaso SA, Exel Trading SA, y el socio de Chimenes Jorge Fernando Mora Galeano, en las regiones norteñas de Concepción y Amambay.
El decomiso de las propiedades comprendidas en el esquema de lavado de dinero del narcotraficante fue liderado por el juez Gustavo Amarilla y sus componentes identificados por los fiscales de narcotráfico Osmar Segovia, Fabiola Molas e Isaac Ferreira, mediante la referida operación.
Muchos de esos bienes estaban a nombre de amigos y familiares del criminal, como su esposa Talessa Ariany Santos Da Silva, su madre Nahir Chimenes o su hermanastro Alexandre Rodrigo Chimenes Larson, precisan las autoridades.
Los bienes incautados en esa región abarcan las fincas María Cristina”, de mil 201 hectáreas, y Karla Sophya, de 288, esta última entregada por el narco a su también socio el criminal Carlos Oleñik para protegerla legalmente.
Las requisas solo a una residencia de este último cómplice de Chimenes sorprendieron con una colección de cuadros cuyo valor fue estimado por tasadores locales en 1,5 millones de dólares, mientras en una segunda vivienda tenía otras 300 pinturas de alto valor como parte de su esquema de lavado de dinero.
Entre los autores de esas piezas figuran connotados a nivel internacional como Ignacio Núñez Soler (1891-1983) y su cuadro Juegos universitarios, tasado en cien mil dólares, junto a Pablo Alborno, Juan Anselmo Samudio, Ignacio Núñez Soler o Herminia Soler, todos con cuadros valorados en decenas de miles.
El operativo detectó, además, expresiones extremas de corrupción por funcionarios judiciales involucrados con el narcotraficante como las del matrimonio integrado por la fiscal Katia Uemura y su esposo Daniel Montenegro.
Este último, detenido e imputado por sus vínculos con el esquema de lavado de dinero de Chimenes, resultó uno de los operadores administrativos más importantes de la organización criminal.
Montenegro, quien figuró en la segunda línea jerárquica de la investigación actuaba de administrador, testaferro, “prestanombre” y responsable de algunas propiedades pertenecientes al brasileño.
El abogado y cónyuge de la fiscal Uemura era conocido como “Doctor Montenegro” y mantenía vínculos directos con Oleñik, también relacionado con el usurero ya procesado y condenado Ramón González Daher, y con el expresidente Horacio Cartes, denunciado varias veces en los últimos tiempos por esos delitos.
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