En marzo de este año, sobre este caso detectado en noviembre de 2022, la propia institución a cargo de Enrique Lau admitió de forma tardía en un informe el robo del fármaco opioide hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más que la morfina.
En la nota de prensa se aseguró que tan pronto se detectó “una situación anómala en una de sus unidades ejecutoras”, se puso en conocimiento del Ministerio Público.
Ahora los estudios señalan con claridad irregularidades administrativas, falta de procesos o debilidad en su aplicación, inoperancia e ineficiencia gerencial, señaló por su parte el diario La Prensa.
De acuerdo con el rotativo, las evidencias muestran además que no se trató de un movimiento aislado de unos cuantos trabajadores intentando lucrar ilegalmente, más bien sería una especie de red institucional, ya que estarían involucrados 50 funcionarios, entre administrativos y personal médico.
También catalogan la falta de información transparente por parte de la directiva de la CSS como una muestra más de que administrativamente la entidad es un fracaso.
Dentro de los hallazgos revelados se encontraron deficiencias en la dispensación de los medicamentos controlados e incumplimiento en la emisión de recetas.
Incapacidad de cumplir adecuadamente con los controles por parte de los médicos residentes, deficiencias en las solicitudes de dosis de fentanilo y las prescripciones fueron otras anomalías encontradas, sin que se conozca hasta el momento de procesos penales.
Sobre este fármaco el exdirector de la CSS, Alfredo Martiz, dijo que el fentanilo es “muy adictivo”, y agregó que una dosis de dos miligramos “ya es mortal”.
El médico agregó que esta sustancia se usa en las cirugías quirúrgicas. “Los anestesiólogos lo usan para dormir al paciente. Es un medicamento para el manejo del dolor en pacientes con cáncer, lesiones raquimedulares, que en las manos equivocadas puede ser letal”, afirmó.
La CSS, que tiene alrededor de 30 mil empleados, muchos de ellos administrativos, y maneja millonarios presupuestos anuales, es criticada con frecuencia por organizaciones sociales que denuncian políticas privatizadoras del Gobierno y medidas paramétricas para solventar la crisis financiera que atraviesa.
rgh/ga
