En un comunicado de cara a comicios generales de 2024 que respalda el proyecto Por una Vida Digna, de la candidata presidencial independiente, Maribel Gordón, el colectivo recordó que a un año del estallido social por el alto costo de la vida que paralizó al país, la situación de desigualdad y pobreza es similar o peor.
En el texto, Polo Ciudadano cuestiona que si las estadísticas señalan al istmo como el de menor tasa inflacionaria en la región (5,0 por ciento en 2022 y 2.0 por ciento este año), por qué los precios de los alimentos y los medicamentos son galopantes.
Para la agrupación esos incrementos están asociados al desempleo y salarios precarios, lo que produce grandes niveles de pobreza, mientras se enriquece el sector empresarial y las cúpulas partidistas en el poder.
Son los mismos oligopolios encabezados por la Cámara de Comercio y el Consejo Nacional de la Empresa Privada, agrega el texto, que hacen lo imposible porque no se realice la segunda fase de una mesa nacional de diálogo, conquista de las protestas en 2022.
También alertan sobre la entrega de la soberanía por parte del Gobierno y la sumisión a Estados Unidos, lo cual se evidencia en el tratamiento reverente a la actual embajadora Mari Carmen Aponte y la frecuente visita de funcionarios de la Casa Blanca para implementar acuerdos incluida la creciente asistencia militar con la excusa de la crisis migratoria.
De otra parte, Polo Ciudadano rechazó el contrato suscrito por el Gobierno con la empresa Minera Panamá, cuyo proyecto se evalúa ahora en la Asamblea Nacional (Parlamento) deliberaciones acompañadas por manifestaciones de organizaciones sociales y ambientalistas.
Al respecto, la agrupación acusó al Ejecutivo y a todos los partidos políticos por su carácter antinacional al aceptar ese pacto con la filial de la trasnacional canadiense First Quantum para regalarle la riqueza mineral y forestal del país, convirtiéndola en un nuevo enclave colonial parecido a la extinta zona del Canal.
En ese sentido, instaron a rechazar el contrato y más allá iniciar un proceso de nacionalización de la mina de cobre en la localidad de Donoso, Colón; y luego someter a debate público si la nación desea tener una política minera o no.
Asimismo el colectivo impugnó el creciente endeudamiento público de la administración de Laurentino Cortizo para financiar su funcionamiento mientras que permite la evasión fiscal por parte de los empresarios, además de incontables exoneraciones a los más ricos.
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