El secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), Marcos Andrade, indicó a Prensa Latina que serán permanentes las manifestaciones de rechazo al pacto suscrito por el Ejecutivo y Minera Panamá, filial de las transnacional canadiense First Quantum, que viola la soberanía nacional y atenta contra la naturaleza.
A nombre de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, Andrade precisó que el pacto involucra concesiones a empresas extranjeras no solo de espacios como el de la mina de cobre a cielo abierto y afectaciones en los distritos de Donoso y Omar Torrijos, en Colón, sino casi la mitad del territorio nacional, con el consiguiente saqueo de los recursos naturales.
Acerca de las concentraciones que este lunes por segunda ocasión rodean al legislativo y exigen justicia, el dirigente sindical subrayó que los protestantes también repudian que las empresas trasnacionales quieran imponer un país minero y demandarán que se realice un plebiscito en todo el país para que el pueblo decida si es beneficio ese contrato o no.
El próximo sábado, anunció, los líderes de las diferentes organizaciones sociales del país decidiremos nuevas acciones en rechazo al leonino contrato, al tiempo que indicó que estarán presentes en los debates de la comisión de comercio y asuntos económicos del parlamento para ofrecer sus argumentos.
En representación de los educadores, Fernando Abrego, sentenció que los gremios magisteriales también se movilizan para explicar a la población los daños irreversibles que ocasiona la minería a cielo abierto, y que solo trae miseria y pobreza, contaminación de los ríos y las secuelas de la deforestación.
Por su parte, Luis Díaz, dirigente de la Coordinadora Campesina por la Tierra y la Vida, demandó que las deliberaciones de los diputados sobre el contrato con Minera Panamá sean trasladadas a Donoso, junto a sus pobladores, los más afectados por este pacto.
En la jornada iniciaron con diferencias los primeros debates parlamentarios sobre el contrato minero, tras la nueva presentación del texto del ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, su más ferviente impulsor. El funcionario resaltó que un 50 por ciento de los fondos que se recibirán – unos 375 millones de dólares anuales- serán distribuidos al programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social, para elevar el monto de las pensiones.
Según imágenes transmitidas en vivo por televisión, dirigentes sociales que asistieron a la sesión denunciaron que los primeros puestos estaban ocupados por personal con ropa de trabajo que mostraban el logo de la empresa.
Para ambientalistas y decenas de colectivos una es la situación financiera del programa de IVM, cuyos recursos se agotarán para poder cumplir con el pago de las jubilaciones; y otro es el problema de bajos ingresos según las pensiones mínimas de muchos jubilados.
De cara a comicios generales de 2024, los movimientos populares también alertaron que los políticos tradicionales están en la búsqueda de recursos para financiar su campaña mediante el clientelismo.
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