Por ejemplo, el régimen de excepción prorrogado esta semana por decimo octava ocasión es presentado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele como la pieza clave que acompaña el Plan de Control Territorial en el enfrentamiento a las pandillas.
Evidentemente los resultados hablan por sí solo, el gobierno se ganó la lotería con esta política como dijo a Prensa Latina, Oscar Picardo, un prestigioso investigador y académico local, al evaluar sus resultados pero, el tiempo muestra que algo que según la Constitución solo debe aplicarse por un mes, ya comienza a despertar serias preocupaciones.
Una encuesta en línea del diario La Prensa Grafica (LPG) con una sola pregunta, “Tras casi dos años, ¿considera que el régimen de excepción debe continuar en El Salvador?”, parece responder varias interrogantes. Solo el 36 por ciento dijo que debe continuar y un amplio 59 por ciento se manifestó porque “NO” y a un tres por ciento les es indiferente. Mil 711 respondieron.
El problema se mantiene cuando voces autorizadas como Picardo, director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICTI) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), señalan que el actual Régimen de Excepción no está instalado para capturar pandilleros, sino crear un temor generalizado, y que la población se discipline, tenga respeto o temor a la autoridad.
“Lo que busca este Régimen de Excepción es que tengamos pánico a la policía y militares, es una forma de disciplinamiento social, generalizada la sensación de que el país cambió en términos de seguridad, pasa a un segundo plano el daño colateral por el mismo fenómeno”, sostuvo en declaraciones citadas por el diario Colatino.
Aparejado a esto y muy vinculado con el tema, el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, confirmó a un medio internacional que las cárceles del país ya albergan a más de 100 mil presos. La cifra ronda los 105,100 reclusos en penales, según un informe del diario LPG.
Villatoro ofreció la información en una entrevista concedida al medio de comunicación internacional Bloomberg. «La población carcelaria de El Salvador se triplicó a 100 mil en menos de dos años bajo las medidas del presidente Nayib Bukele contra las pandillas, dijo.
De esa cifra cerca de 72 mil corresponden a acciones desarrolladas después de la aprobación de la medida el 27 de marzo de 2022 y la suspensión de al menos tres derechos constitucionales para todos los salvadoreños, sin importar si son o no pandilleros.
La cantidad de personas en las cárceles antes de marzo de 2022 ya rondaban los 40 mil, lo cual indica que la cifra se triplicó a la fecha.
Es evidente que el índice de homicidios bajó en la medida que se superpobló las cárceles del país, a veces con personas inocentes que nada tienen que ver con los grupos delincuenciales, e incluso el gobierno dice liberó a cerca de siete mil, aunque hay muchos familiares que alegan que algunos aun no están en las calles.
Preocupante es también que informes aseguran que el 80 por ciento de los arrestados bajo el régimen de excepción son jóvenes, incluso algunos casi niños, pero que son tratados con dureza por la justicia y se le niega el derecho a la reeducación y reinserción a la sociedad.
La situación es realmente difícil y compleja para las autoridades. El sistema ya está abrumado: las cárceles más antiguas del país albergan ahora a 88 mil detenidos, frente a los 30 mil que había antes del estado de excepción, según Villatoro, describe Bloomberg en su publicación del 12 de septiembre.
La Asamblea Legislativa aprobó la prórroga 18 del régimen de excepción, sin actualizar los datos sobre la cantidad de personas capturadas, como hizo en las 17 ocasiones anteriores.
Hay algunos expertos en sistemas de prisiones que anticipan que si no hay un cambio, El Salvador prepara una bomba de tiempo en sus prisiones y no descartan comiencen los estallidos cuyas consecuencias serán impredecibles.
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