Aunque la asonada nunca ocurrió, las autoridades de este país del sureste africano arrestaron a un oficial, adscrito al cuerpo elite Unidad de Intervención Rápida y lo remitieron a los tribunales acusado de incitación al golpe de estado y desobediencia.
El tribunal decretó una pena de 13 años de reclusión penitenciaria para el presunto implicado, cuya identidad permanece anónima, para el delito, que contempla sanción de hasta casi cinco lustros.
Pero tras la lectura del fallo judicial el acusado reaccionó de manera inesperada y negó ser el autor de una serie de mensajes electrónicos dirigidos al jefe de la Policía Bernardo Rafael los cuales reenvió a ese destinatario para ponerlo al tanto de la conjura en curso.
De cualquier manera, la sentencia es firme en espera de la posible apelación de la defensa del acusado.
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