Por Julio Morejón Tartabul
Redacción África y Medio Oriente de Prensa Latina
En 2014, la facción terrorista Boko Haram raptó a 276 alumnas de una escuela, 98 de las cuales permanecen cautivas, víctimas de vejámenes causantes de traumas de los que difícilmente se recuperarán sicológicamente aunque sean liberadas.
Así, el integrismo de distorsionada confesión islámica asume un proselitismo en el que la violencia y la violación de los derechos humanos operan como instrumentos para sojuzgar, mientras desplaza por la fuerza la racionalidad.
Expertos consideraron que Boko Haram (Jamā’atu Ahlus Sunnah Lidda’awatih wal-Yihad o Seguidores de la Sunna para la Predicación y la Yihad) se debilitaría en exceso por la muerte de su jefe Abubakar Shekau en 2021, sin embargo, no fue así.
Pese a escisiones y deserciones causadas por las operaciones militares y combates contra otras facciones, el grupo radical creado en 2002 que adoptó el terrorismo en 2009, es un problema de seguridad nacional heredado por el gobierno de Bola Ahmed Adekunle Tinubu.
Las autoridades nigerianas hoy se someten al examen de desarticular al terror y sus fuentes, no sólo representado por los citados destacamentos armados, sino también por su dúo ocasional, las bandas de delincuentes comunes.
Ambos enemigos del Estado afectan la estabilidad en las regiones norteñas -en algunas más que en otras- lo cual impone el reforzamiento de las acciones militares para mantener el control gubernamental fuera de dudas.
La situación creada en casi una década y media causó decenas de miles de muertos, la mayoría civiles. Los actos masivos de violencia perpetrados por el grupo terrorista en 2015 se extendieron a los países vecinos: Camerún, Chad y Níger.
Fuentes oficiales y organizaciones no gubernamentales estiman que 700 mil individuos son desplazados, quienes viajaron a esos tres países y cerca de 295 mil son identificados como refugiados.
OPCIÓN MILITAR Vs TERROR A LA CARTA
Más de 230 millones de personas residen Nigeria -el país más poblado de África- y donde conviven más de 250 comunidades o grupos étnicos, y el pasado año fue escenario de unos mil 700 hechos violentos confirmados.
Según el sitio de Armed Conflict Location & Event Data Project (Acled):“ El Noroeste y el Cinturón Medio del país acumularon dos tercios de todas las víctimas civiles en 2022”, aunque los mayores incrementos de ataques se registraron en el Sureste y el Noreste.
La persistente violencia asociada al radicalismo armado y al vandalismo constituyen desafíos sustanciales para la administración Tinubu, luego de que su antecesor en la jefatura del Estado, Mohammadu Buhari, avanzó en la erradicación de ese cáncer.
En su programa de Gobierno, Buhari incluyó el uso de la fuerza contra el terrorismo y la delincuencia asociada a este, esa decisión aportó resultados tales como la rendición de centenares de fanáticos y la realización de procesos judiciales.
Recientemente el director de Operaciones de Información del Ministerio de Defensa de Nigeria, Musa Danmadami, informó que los agentes de seguridad actuaron durante dos semanas contra Boko Haram en la septentrional provincia de Borno.
La fuente precisó que mil 332 terroristas y sus familiares se rindieron a los militares, quienes liberaron a 19 civiles secuestrados, neutralizaron a ocho miembros de la facción y capturaron a 35 personas, que daban apoyo logístico a la banda.
Ese fue el resultado de una corta misión cumplida por los militares comprometidos seriamente con restablecer el sosiego ciudadano retenido por los radicales y bandas de delincuentes.
Poco después de asumir la presidencia nigeriana, Bola Tinubu –antiguo gobernador de Lagos- afirmó que enfrentaría el reto de la violencia con la mejora de los servicios de seguridad más personal y mejor capacitación, más equipamiento y un aumento salarial.
Asimismo, los órganos de lucha antiterrorista perfeccionan sus labores conjuntas auxiliadas por los servicios de Inteligencia, algo que posibilita prever acciones del enemigo y emprenderla directamente contra individuos y objetivos responsables de ello.
En una operación realizada a finales del mes de septiembre (2023) esas tropas desarticularon una importante fábrica clandestina de armas en Kafanchan, estado de Kaduna, uno de los territorios norteños afectados por la violencia.
Kingsley Nweze en thisdaylive.com apuntó que eso estuvo “en línea con la Operación Cielo Seguro del Comandante (OPSH) y el Oficial General al Mando (GOC) 3 División Blindada, la determinación del general de División Abdulsalam Abubakar de tratar de manera decisiva con los patrocinadores y perpetradores de delitos (…)”.
El Ejército difundió que con la operación los soldados capturaron a un buscado traficante, y la prensa destacó que eso ocurrió luego que el mando castrense notificó el aniquilamiento de 52 terroristas y el arresto de 53 sospechosos de ser criminales.
Así la decisión de enfrentar la violencia criminal con las armas muestra la capacidad del Estado de pasar a la ofensiva y la posibilidad de garantizar tranquilidad ciudadana con la imposición legítima de castigos.
No obstante, sin justificar la criminalidad, la persistencia de grupos extremistas armados y sus secuaces antes de convertirse en borrón con auxilio de las balas, también requiere ser evaluado como fenómeno dependiente del subdesarrollo.
El desequilibrio en la distribución socioeconómica, el fomento ideológico de radicalismos que intoxica el rico ámbito cultural y la marginalidad de grandes conglomerados son entre otros comburentes que avivan el terror.
Nigeria, una locomotora del progreso africano, principalmente por ser el gran productor petrolero del continente, está retado a transformar las historias como las de las niñas de Chibok y Boko Haram, una posibilidad ahora en manos del nuevo liderazgo.
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