Aun cuando en junio el presidente Nayib Bukele lanzó una cruzada contra ese flagelo, los entrevistados consideran que su país es el menos corrupto de Latinoamérica.
Bukele al conocer los resultados de esta pesquisa desarrollada en 13 naciones de la subregión escribió en la red social X que “El país menos corrupto de Latinoamérica. Y apenas hemos iniciado nuestra guerra contra la corrupción”, destacó.
El Salvador tiene una larga historia de corrupción, entre la que destaca el expresidente por el partiArena, Alfredo Cristiani (1989-1994), a quien se acusa de apropiarse fraudulentamente de millones de dólares.
Salvadoreños de a pie al hablar de Cristiani dicen que llegó al Gobierno con los bolsillos vacios y se fue multimillonario.
El enfrentamiento, de lo que casi ya no se habla cuando se refiere a funcionarios, comenzó con la detención del asesor de Seguridad Nacional, Alejandro Muyshondt, de los diputados Erick García y Alberto Romero y del expresidente del Banco de Desarrollo de El Salvador Juan Pablo Durán.
En un inicios los titulares inundaban las páginas de los diarios locales, aunque en los últimos dos meses solo se hace referencia a lo que pudo ocurrir en gobiernos anteriores, y el silencio es patente y ni hay mención de corruptos vinculados al Ejecutivo de Bukele pese a señalamientos que apuntan a importantes figuras de la Asamblea Legislativa.
El estudio de la encuestadora fue ejecutado a través de llamadas a teléfonos móviles o entrevista cara a cara, con una muestra mínima de mil 200 ciudadanos en cada país, y según sus ejecutores tiene un nivel de confianza del 95 por ciento.
Al respecto de la corrupción en este país, un reciente informe del diario La Prensa Gráfica alertó, por ejemplo, que el bitcoin, moneda de curso legal en el Salvador junto al dólar, estaba desprotegidos de acciones que involucren dinero mal habido.
Pese a que el país cuenta con más de 90 proveedores de servicios digitales, leyes e instituciones para facilitar la utilización de criptomonedas, aún faltan blindarlas contra acciones de vividores y lavadores de dinero, precisó la publicación.
En apenas dos años, 97 empresas proveedoras de servicios digitales se registraron a través del Banco Central de Reserva (BCR), se aprobó una ley de activos digitales y se creó la Agencia Administradora de Fondos Bitcóin, a la que el parlamento unicameral le asignó un presupuesto de 1.8 millones.
El experto Walter Morales, director de Yancor Coaching & Mentory, especialista en riesgos financieros, cree que pese a todos los avances, la ley contra el lavado de dinero y activos sigue sin modificarse desde 2015 y sugiere sea actualizada para enfrentar los peligros.
Morales instó a las autoridades a trabajar “para frenar el flujo de fondos ilícitos que utilizan las criptomonedas”, y que según otras fuentes aquí también se esconde la corrupción.
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