En un comunicado de prensa divulgado este jueves, la Secretaría de Salud Pública denuncia que una resolución de la SCJN antepone el interés comercial a la protección de la salud de la población.
En especial, de infancias, adolescencias y juventudes, pues vulnera ordenamientos establecidos en el artículo 4º constitucional e incumple su deber de defender el interés público al privilegiar el privado, señala.
La Secretaría de Salud manifiesta su profunda preocupación y discrepa por el aval de la Segunda Sala de la SCJN, al declarar inconstitucional el decreto por el que se prohíbe tales artefactos.
Se trata del mismo juez, Javier Laynez, que intervino en la supresión del decreto que eliminaba los fideicomisos del Poder Judicial por 857 millones de dólares.
Concretamente, el decreto prohíbe la circulación y comercialización en el interior de la República, cualquiera que sea su procedencia, de los sistemas electrónicos de administración de nicotina y similares sin esta sustancia.
Además, sistemas alternativos de consumo de nicotina, cigarrillos electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares, así como las soluciones y mezclas utilizadas en dichos mecanismos.
Pero, ayer la Segunda Sala de la SCJN sentó un precedente inaceptable contra la salud de la población en general, y aún más grave, en contra de la salud de nuestras futuras generaciones, niñas, niños y adolescentes, al resolver un amparo en revisión a favor de demandantes, precisó la fuente.
Aprobaron por mayoría de tres votos a favor y dos en contra, el proyecto de sentencia que proponía otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a una persona moral en contra del citado decreto.
Alegaron que éste violenta su derecho a la libertad de comercio, dándole un valor superior sobre el derecho a la salud y, omitiendo así, las obligaciones constitucionales, así como los compromisos internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado mexicano, acotó.
El Gobierno de México ha implementado diversas acciones de política pública para reducir los efectos de la comercialización de productos que afectan la salud.
Las medidas adoptadas privilegian el derecho a la protección de la salud de la población en general y en particular de las infancias y adolescencias por encima de cualquier interés comercial, de forma tal, que ha privilegiado el interés público sobre el privado.
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