La norma jurídica contempla el otorgamiento de la residencia legal a extranjeros que presenten una constancia de empleo; eso podría favorecer a unas 30 mil personas, la mayoría de ellas ocupadas en las labores agrícolas, según datos del ministerio de Trabajo.
El permiso podrá ser concedido a emigrantes que llevan viviendo en Grecia por lo menos tres años, con fecha tope hasta fines de noviembre de 2023, y no cubrirá a quienes hayan llegado después.
Tras la votación, el ministro de Migración Dimitris Kairidis elogió el consenso nacional en torno al tema y reafirmó el propósito de combinar “los estrictos controles fronterizos y la lucha contra el tráfico de migrantes con la facilitación de medidas legales” acordes a las necesidades del país.
La nueva ley, aclaró, no permitirá la obtención ilegal de la ciudadanía griega ni derechos de reunificación familiar, y los permisos dependerán del estatus laboral del migrante.
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