En trámite desde 1999, la disposición establece reglas para el control, inspección y fiscalización de esos productos con potencial de perjudicar la salud humana y animal y el medio ambiente, pero ampliamente utilizados por el sector agrícola para proteger y aumentar sus producciones.
Al citar el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo, la estatal Agencia Brasil indica que la decisión por el veto de los dispositivos fue movida «por el propósito de garantizar la adecuada integración entre las necesidades productivas, la tutela de la salud y el equilibrio ambiental».
Brasil es el mayor consumidor de agrotóxicos del mundo. Entre 2019 y 2022 se liberaron dos mil 181 nuevos registros, lo que corresponde a un promedio de 545 por año.
En 2023, el gigante sudamericano aprobó 505 nuevos registros de pesticidas, según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA). La expectativa era que, con la nueva legislación, el número sería aún mayor.
Uno de los vetos fue relacionado con el dispositivo que retiraba del Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama) y de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) atribuciones relativas a la fiscalización, pasando la atribución al MAPA.
Según el Planalto, si se aprueba el texto original, Ibama y Anvisa actuarían solo en «mera complementación» de la actuación del MAPA, que acabaría por conducir esas cuestiones de forma exclusiva.
En la justificación del veto, argumenta que «la medida evita la transferencia de la revisión toxicológica (por riesgos para la salud) y ecotoxicológica (peligros ambientales) a un único órgano».
De esta manera, precisa, garantiza el mantenimiento del llamado modelo Tripartite, «directamente asociado a los derechos a la vida, a la salud y al medio ambiente ecológicamente equilibrado (previstos en la Constitución federal)».
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