La suspensión de los trabajos en noviembre de 2023 en la mayor mina de cobre de Centroamérica tuvo lugar tras intensas protestas populares, dado que su contrato de concesión fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, que determinó que violaba 25 artículos de la carta magna.

En la nota, First Quantum informa que el Ejecutivo solicitó al Panel de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional una extensión en las fechas de presentación, “debido al reemplazo de su equipo legal externo y la necesidad del nuevo gobierno de evaluar la situación de la mina”.

La compañía indicó que el arbitraje no es la solución preferida para la situación en Panamá y reafirmó su compromiso con el diálogo con el Gobierno y su deseo de ser parte de una solución para el país y el pueblo panameño.

El pasado 6 de enero, el Ministerio de Ambiente inició una auditoría al enclave, con el fin de proporcionar información actualizada sobre el estado de la mina y respaldar la toma de decisiones.

También el titular de Ambiente, Juan Carlos Navarro, junto al de Seguridad, Frank Ábrego, visitaron Minera Panamá el pasado el 12 de enero y recorrieron la planta de procesamiento, el puerto y las instalaciones de energía para evaluar el mantenimiento y el estado de las comunidades y el entorno.

Durante la visita, los ministros también inspeccionaron siete mil 960 toneladas de nitrato de amonio almacenadas en el puerto de Punta Rincón, de gran peligro por ser un material altamente explosivo, según Navarro.

Recientemente, los proveedores de la mina de cobre enviaron una carta al presidente de la República, José Raúl Mulino, reiterando su preocupación por la crisis económica y social que enfrentan tras el cierre de las operaciones.

Por su parte, ambientalistas advierten de las graves consecuencias de la presencia en el enclave de 120 mil toneladas de concentrado de cobre almacenadas, que ocasionan severos daños a la naturaleza, la salud humana y las comunidades aledañas.

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