La jueza federal de distrito Paula Xinis dictaminó ayer que el Gobierno “facilite y haga efectivo” el regreso de Kilmar Abrego García a Estados Unidos antes de finalizar el lunes 7 de abril.

Sin embargo, abogados del Departamento de Justicia pidieron ante el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos que deje sin efecto dicha orden porque Xinis no tiene autoridad para ello.

Los abogados del Gobierno afirman no tener control sobre Abrego García ni autoridad para gestionar su vuelta a casa con su familia. “Es una orden judicial para obligar a un soberano extranjero a expulsar a un terrorista extranjero en un plazo de tres días. Esa no es forma de gobernar. Y carece de fundamento en el derecho estadounidense”, escribieron.

Abrego García, nacido en El Salvador hace 29 años, fue arrestado en Maryland (donde reside) y deportado el pasado 15 de marzo a pesar del fallo en 2019 de un juez de inmigración que lo protegía de la deportación a su país de origen, donde enfrentaba una eventual persecución por parte de grupos criminales.

Su deportación errónea, descrita por la Casa Blanca como un “error administrativo”, provocó una creciente indignación y suscita el temor de expulsión de muchos extranjeros a quienes se les concedió permiso para permanecer en Estados Unidos.

La víspera, decenas de simpatizantes se congregaron frente al tribunal federal de Greenbelt, Maryland, donde se celebró la audiencia sobre el caso. Videos mostrados en medios locales, una ovación estalló cuando la jueza Xinis dio a conocer su fallo.

El joven padre de tres niños, con permiso legal para trabajar en Estados Unidos, fue recluido en el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (Cecot), una cárcel donde -a juicio de observadores- se cometen abusos contra los derechos humanos.

Simon Sandoval-Moshenberg, abogado de Abrego García, alertó que el Gobierno no ha hecho nada para recuperar a su cliente, incluso después de admitir sus errores.

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