El CNE precisó que está pendiente cerrar el conteo de los votos del exterior y luego se instalará la Audiencia Pública Nacional de Escrutinio, donde las autoridades electorales validarían los datos, proclamarían al vencedor y abrirían la fase de impugnaciones.
Este viernes, con el 99,97 por ciento de las actas validadas, el organismo afirma que el presidente Daniel Noboa tiene 55,62 por ciento de los votos, mientras su rival, Luisa González, de la Revolución Ciudadana (RC), tiene 44,38 por ciento.
La representante de la RC reiteró esta semana que impugnará esos resultados.
“La campaña plagada de irregularidades comenzó con el hecho de que el señor Noboa hizo campaña sin licencia”, señaló en un video publicado en sus redes sociales.
Además, la candidata acusó al mandatario del uso de recursos públicos, de la entrega de bonos sin sustento técnico que pondrían en riesgo la dolarización, de decretar estado de excepción, así como “un sinnúmero de infracciones”.
Entre los hallazgos más graves, González mencionó “múltiples versiones de actas que fueron modificadas desde el propio Consejo Nacional Electoral (CNE)”, la alteración del ausentismo, actas sin firmas y sumas que no coinciden con el número de sufragantes.
“Tenemos mil 984 actas sin firma conjunta. Lo que violaría el artículo 127 del Código de la Democracia y deberían invalidarlas”, indicó.
También mencionó que “se registró una disminución inusual del voto en blanco, lo que dejaría en duda la posible manipulación directa de más de 150 mil papeletas”.
Aseveró que todos esos hallazgos “gravísimos” serán objetados e impugnados ante las autoridades competentes, “que hoy lamentablemente están bajo el control de quien gobierna”.
Desde Ecuador y otras partes del mundo señalan que los comicios se realizaron sin condiciones ni garantías democráticas mínimas.
Los observadores internacionales, aunque descartaron un fraude, señalaron que el proceso estuvo marcado por irregularidades, entre ellas la falta de licencia del presidente-candidato, el uso de recursos públicos y la declaratoria de estado de excepción.
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