Previamente, el titular confirmó a medios de prensa que la ciudadanía envío 20 mil propuestas de interrogantes sobre el ámbito laboral, tema sobre el que se pretende indagar en ese ejercicio de participación ciudadana.

Remarcó que el objetivo del proceso es promover aspectos clave de la Reforma Laboral, que se hundió en la Comisión Séptima del Senado el pasado 18 de marzo.

“Es mediante esta consulta que buscaremos fortalecer la democracia y asegurar que los derechos laborales sean una prioridad en nuestra agenda nacional”, afirmó.

La noticia sobre la difusión del contenido de las preguntas fue anunciada la víspera durante una alocución en cadena nacional por el presidente Gustavo Petro.

El mandatario afirmó que el próximo 1 de mayo acudirá personalmente al Senado acompañado por una delegación para radicar la boleta diseñada para el ejercicio de participación ciudadana con vistas a que comience en ese órgano su discusión.

Invitó entonces a la población a salir masivamente a las calles y a duplicar en todo el país las marchas ocurridas anteriormente.

“Estaré ese día en la Plaza de Bolívar (en el centro de Bogotá) y entraré en el Congreso para presentar personalmente con una delegación, lo más diversa posible, el texto al Senado y voy a sacar la espada de Bolívar”, comentó.

Apuntó además el gobernante que el arma del prócer latinoamericano permanecerá desenvainada hasta tanto no haya justicia social en el país.

“Es Bolívar quien en el fondo convoca la consulta popular”, afirmó.

Explicó que la Constitución de 1991 consigna que el poder emana exclusivamente de la voluntad popular.

“Si la consulta popular es del pueblo, es el pueblo el que debe salir a defenderlo con contundencia, en paz, en alegría, el pueblo que manda y no el que obedece, no el que se arrodilla sino el que se mira de frente entre sí y para dar las órdenes”, remarcó.

La celebración de una consulta popular debe recibir el visto bueno de la Plenaria del Senado, que tiene un mes para pronunciarse al respecto.

De resultar aprobado el ejercicio, el Gobierno cuenta con un periodo de tres meses como máximo para convocar a la ciudadanía a las urnas.

Según la constitución, para que el sufragio sea válido deben ejercer el voto alrededor de 13 millones de personas, o sea, un tercio del padrón electoral.

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