La organización, con sede en la ciudad de Guayaquil, acompaña actualmente 20 casos que involucran a 33 víctimas, todas vinculadas a operativos de las Fuerzas Armadas.

Estas desapariciones ocurrieron en el contexto de militarización del país, donde el mandatario, Daniel Noboa, declaró la existencia de un conflicto armado interno a inicios de enero de 2024 y mantiene a varias provincias del país bajo estado de excepción.

Ecuador figura entre los países con más acciones urgentes registradas ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas entre 2024 y 2025, indicó el Comité en un comunicado divulgado este jueves. El CDH advierte que este patrón de violencia responde a una política sistemática contra personas “empobrecidas y racializadas”.

Según el colectivo, el Ministerio de Defensa ha obstaculizado las investigaciones, niega la participación militar en operaciones, pese a la existencia de grabaciones, testimonios y datos georreferenciados que evidencian su intervención.

Además, denuncian que las Fuerzas Armadas clasifican como “reservada” o “confidencial” información clave, lo que impide el acceso a la verdad y a la justicia.

En el pronunciamiento, mencionan que la Defensoría del Pueblo también reporta nueve casos adicionales de desaparición forzada que requieren atención urgente por parte del sistema judicial y apoyo psicosocial para las familias.

El CDH reconoce el compromiso y la capacidad técnica del actual fiscal a cargo de la Unidad de Uso Ilegítimo de la Fuerza en Guayas, quien fue clave para avanzar en casos sensibles, como la desaparición forzada de los cuatro niños del sector de las Malvinas.

Ese hecho, ocurrido en diciembre pasado y que involucra a 16 uniformados, conmovió a la sociedad ecuatoriana, que exige justicia.

Sin embargo, el CDH advierte que no es el único caso y que una sola fiscalía con recursos limitados no puede sostener la magnitud ni la urgencia de la problemática.

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