A 15 años del histórico juicio que condenó a Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez por los crímenes cometidos en la Unidad Penitenciaria N°1 de barrio San Martín, el Tribunal Oral Federal N°1 de la provincia de Córdoba dictó una nueva sentencia en una causa clave para la memoria, la verdad y la justicia.

La corte condenó a prisión perpetua a Osvaldo César Quiroga, exmilitar, y a diez años de prisión a Gustavo Rodolfo Salgado, expolicía, ambos acusados de participar en los asesinatos de 31 presos y presas políticas detenidos en la UP1 de abril a octubre de 1976.

Los magistrados consideraron probada la responsabilidad de Quiroga como coautor de homicidios calificados por alevosía y por la pluralidad de partícipes, en perjuicio de Miguel Hugo Vaca Narvaja, Gustavo Adolfo De Breuil y Arnaldo Higinio Toranzo, entre otras víctimas.

En tanto, Salgado fue hallado coautor penalmente responsable de privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados por la condición de perseguido político de Luis Alberto Urquiza.

Para el fiscal Facundo Trotta, a cargo de la acusación, el fallo se ajusta en buena medida a lo solicitado por el Ministerio Público, tanto en la valoración de las pruebas como en la magnitud de las penas impuestas. Sin embargo, manifestó su disconformidad con la decisión del tribunal de mantener en libertad a los condenados, al considerar que la gravedad de los delitos y las penas dictadas justifican el encierro preventivo hasta que las condenas queden firmes.

“Esto no les devuelve la vida a los exdetenidos pero al menos sus familias ven que se hizo finalmente justicia”, manifestó a Prensa Latina la profesora cordobesa Gladys Canelo quien señaló, además, que ella tiene un primo aún desaparecido desde aquella funesta época.

El analista y dirigente político cordobés Sergio Ortiz considera positivo que los dos represores hayan sido finalmente condenados, aunque comparte la queja del fiscal Trotta de que Quiroga y Menéndez siguen en libertad hasta que la condena quede firme, en vez de haber sido inmediatamente detenidos como hubiera sido lo correcto.

Los fundamentos completos de la sentencia serán dados a conocer el 16 de diciembre de 2025, vigésimo día hábil posterior a la lectura del veredicto. Estos dos represores fueron absueltos en un proceso en 2010.

Ortiz relató a Prensa Latina que los tres presos políticos fueron sacados de la UP1 y fusilados simulando un intento de fuga. En total –recordó- 31 militantes de aquel entonces fueron asesinados de esa manera.

“Fueron crímenes cometidos en 1976, y recién ahora hay una condena, encima estos represores habían sido absueltos en 2010, o sea, que pasaron otros 15 años hasta que por fin hubo una condena”, señaló Ortiz.

La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba con la venia de la Corte Suprema de la Nación ordenó la realización de un nuevo proceso. Ambas instancias coincidieron en que las absoluciones iniciales no habían valorado adecuadamente las pruebas presentadas por la fiscalía y las querellas.

El juicio de 2010, que condenó a los principales responsables del circuito represivo de Córdoba, marcó entonces un punto de inflexión al reconocer la existencia de un plan sistemático de exterminio y la complicidad judicial de funcionarios que omitieron investigar las muertes de los detenidos.

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