4 de mayo de 2021, 19:58
Lima, 4 may (Prensa Latina) Un juez peruano se apresta a decidir esta semana sobre un pedido de la candidata presidencial Keiko Fujimori, cuya aceptación aplazaría el inicio del proceso en su contra por lavado de activos y otros delitos, indicaron hoy fuentes judiciales.
Tales fuentes anotaron que la solicitud, planteada semanas atrás, busca evitar que el juicio, en el que el fiscal pide 30 años y 20 meses para Fujimori, comience en plena campaña electoral por el balotaje del próximo 6 de junio, cuando disputará la presidencia con el izquierdista Pedro Castillo.
Los abogados de Keiko piden que se anule la decisión del fiscal José Pérez de cerrar la investigación a Fujimori y su entorno político y personal, por disfrazar, para legalizarlos, millonarios fondos electorales recibidos de la empresa Odebrecht y otras fuentes.
De ser elegida presidenta, tendrá inmunidad y el juicio en su caso quedará congelado durante los cinco años de su mandato, aunque sus críticos temen que use el poder que tendría para anular el proceso en su contra, lo que ella niega.
Los defensores alegan que el fiscal culminó una pesquisa de más de dos años y pidió el inicio del juicio, sin realizar diligencias que él mismo había anunciado, aunque él las consideró innecesarias porque tenía suficientes elementos para su acusación.
Reclaman también acceso a las delaciones de testigos protegidos y los testimonios de empresarios como los acaudalados Roque Benavides, Carlos Rodríguez Pastor y Vito Rodríguez, que han confesado aportes a anteriores campañas electorales de Fujimori.
El juez del caso, Víctor Núñez, analizará el viernes próximo, según fuentes consultadas, la solicitud de Fujimori y su esposo, el estadounidense Mark Vito, de anular el cierre de la investigación, así como otras cuatro similares, de otros denunciados.
La acusación del fiscal consigna 42 imputados y los considera integrantes de una organización criminal presuntamente encabezada por Keiko Fujimori y merecedores de penas de cárcel de entre seis años y 30 años y 10 meses.
La lista incluye a Vito, a exministros como Jaime Yoshiyama, señalado por Odebrecht como receptor de un millón de dólares, y dirigentes que integraban la cúpula del partido fujimorista, Fuerza Popular, como Pier Figari, Ana Herz, Vicente Silva Checa y el actual director del Banco Central, José Chlimper.
La acusación de Pérez incluye al partido Fuerza Popular, cuya disolución pide Pérez por haber sido instrumento de los presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración.
jha/mrs/cvl
Los abogados de Keiko piden que se anule la decisión del fiscal José Pérez de cerrar la investigación a Fujimori y su entorno político y personal, por disfrazar, para legalizarlos, millonarios fondos electorales recibidos de la empresa Odebrecht y otras fuentes.
De ser elegida presidenta, tendrá inmunidad y el juicio en su caso quedará congelado durante los cinco años de su mandato, aunque sus críticos temen que use el poder que tendría para anular el proceso en su contra, lo que ella niega.
Los defensores alegan que el fiscal culminó una pesquisa de más de dos años y pidió el inicio del juicio, sin realizar diligencias que él mismo había anunciado, aunque él las consideró innecesarias porque tenía suficientes elementos para su acusación.
Reclaman también acceso a las delaciones de testigos protegidos y los testimonios de empresarios como los acaudalados Roque Benavides, Carlos Rodríguez Pastor y Vito Rodríguez, que han confesado aportes a anteriores campañas electorales de Fujimori.
El juez del caso, Víctor Núñez, analizará el viernes próximo, según fuentes consultadas, la solicitud de Fujimori y su esposo, el estadounidense Mark Vito, de anular el cierre de la investigación, así como otras cuatro similares, de otros denunciados.
La acusación del fiscal consigna 42 imputados y los considera integrantes de una organización criminal presuntamente encabezada por Keiko Fujimori y merecedores de penas de cárcel de entre seis años y 30 años y 10 meses.
La lista incluye a Vito, a exministros como Jaime Yoshiyama, señalado por Odebrecht como receptor de un millón de dólares, y dirigentes que integraban la cúpula del partido fujimorista, Fuerza Popular, como Pier Figari, Ana Herz, Vicente Silva Checa y el actual director del Banco Central, José Chlimper.
La acusación de Pérez incluye al partido Fuerza Popular, cuya disolución pide Pérez por haber sido instrumento de los presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración.
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