19 de agosto de 2021, 4:3 
La Paz, 19 ago (Prensa Latina) Investigaciones de una institución independiente del Estado boliviano ratificaron una verdad a la que otros llegaron mucho antes: en noviembre de 2019 los autores de un golpe de Estado masacraron a la población.
La Paz, 19 ago (Prensa Latina) Investigaciones de una institución independiente del Estado boliviano ratificaron una verdad a la que otros llegaron mucho antes: en noviembre de 2019 los autores de un golpe de Estado masacraron a la población. La pesquisa del llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) constituyó una nueva prueba de aquella asonada cuyos culpables aún hoy no pagan por ello, comentaron autoridades como el presidente Luis Arce.
El informe presentado el martes confirmó las denuncias de las víctimas de la represión contra protestas de opositores al golpe de Estado que expulsó del poder al presidente Evo Morales, y de instituciones vigentes tras las elecciones de octubre de 2020.
La declaración del CIEI ofreció además pruebas de las torturas, persecuciones, detenciones ilegales, expresiones de racismo y graves violaciones a los derechos humanos fundamentales, causadas por la ruptura del orden constitucional.
Medios locales concedieron amplios espacios al informe del GIEI, que investigó los hechos durante ocho meses, mediante entrevistas a 400 personas, el análisis de 120 mil expedientes y testimonios de organizaciones sociales.
El documento confirmó, además, que los disparos causantes de 38 muertos y decenas de heridos durante los actos represivos contra las manifestaciones de noviembre de 2019 se originaron en las Fuerzas Armadas y la Policía.
Miembros del Grupo Interdisciplinario presentaron también ante la población de Senkata el informe sobre las masacres en 2019 del gobierno de facto en esa localidad del municipio del Alto, como ocurió también en la de Sacaba, del departamento de Cochabamba.
'El homenaje que podemos hacer es venir a compartir con ustedes el trabajo tras oír sus relatos, consultar documentos, estudiar expedientes y leer toda la información de las distintas fuentes' declaró la miembro del GIEI Patricia Tappatá.
Los militares causaron en Senkata 10 muertos y 78 heridos, al aplicar la fuerza en forma desproporcionada en noviembre de 2019, precisa el documento llevado allí por la experta, junto a colegas del Grupo como Jaime Vidal y Julián Burger.
El informe rememora que el Decreto Supremo 4078 del gobierno de facto liderado por la presidenta de facto Jeanine Áñez autorizó un operativo el 19 de noviembre de 2019, que protegía de responsabilidad penal a los uniformados.
La presentación el martes del documento repercutió en sectores populares y en instituciones como la Fiscalía, que, tras recibirlo, ofreció su apoyo con investigaciones ante las denuncias sobre desmanes durante el golpe de Estado.
El ente judicial añadió que procederá para hacer justicia y evitar la impunidad. 'Nuestro compromiso como Ministerio Público es encontrar la verdad', aseguró el fiscal general, Juan Lanchipa.
Del mismo modo, el sector de la prensa anunció que iniciará acciones judiciales contra las agresiones a periodistas nacionales y extranjeros y medios de comunicación durante las acciones violentas de 2019.
El informe del GIEI sobre esos hechos nos permite tales pasos contra aquellas personas que pretendieron acallarnos, añadió la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa.
La represión contra comunicadores procedió no solo de autoridades, sino también de civiles que asumieron atribuciones oficiales, resaltó el ejecutivo de esa organización Héctor Aguilar.
Las investigaciones revelaron actos violentos contra 58 periodistas e incluyeron un reporte de la Asociación Nacional de la Prensa que registró agresiones contra 76 reporteros y 14 medios de prensa durante octubre y noviembre de 2019. Por su lado, la población celebró el informe, mientras víctimas de la violencia en Senkata y Sacaba clamaron por justicia para sus 38 muertos.
'Ni olvido ni perdón. Los muertos no reviven'; 'No es venganza, es justicia'; 'No fue fraude, fue golpe'; 'Memoria, verdad y justicia'; 'Sacaba y Senkata no se olvidan', rezaban carteles exhibidos en el acto de presentación del informe.
El secretario ejecutivo del Grupo independiente, Jaime Vidal, expresó que, tras la entrega del documento de su institución, Bolivia debe aplicar la ley y reparar a las víctimas para lograr un contexto de reconciliación.
'La idea principal que nos llevamos es que el país marche hacia la verdad y avance con ese precedente y la necesidad efectiva de justicia, subrayó el experto.
mem/apb
El informe presentado el martes confirmó las denuncias de las víctimas de la represión contra protestas de opositores al golpe de Estado que expulsó del poder al presidente Evo Morales, y de instituciones vigentes tras las elecciones de octubre de 2020.
La declaración del CIEI ofreció además pruebas de las torturas, persecuciones, detenciones ilegales, expresiones de racismo y graves violaciones a los derechos humanos fundamentales, causadas por la ruptura del orden constitucional.
Medios locales concedieron amplios espacios al informe del GIEI, que investigó los hechos durante ocho meses, mediante entrevistas a 400 personas, el análisis de 120 mil expedientes y testimonios de organizaciones sociales.
El documento confirmó, además, que los disparos causantes de 38 muertos y decenas de heridos durante los actos represivos contra las manifestaciones de noviembre de 2019 se originaron en las Fuerzas Armadas y la Policía.
Miembros del Grupo Interdisciplinario presentaron también ante la población de Senkata el informe sobre las masacres en 2019 del gobierno de facto en esa localidad del municipio del Alto, como ocurió también en la de Sacaba, del departamento de Cochabamba.
'El homenaje que podemos hacer es venir a compartir con ustedes el trabajo tras oír sus relatos, consultar documentos, estudiar expedientes y leer toda la información de las distintas fuentes' declaró la miembro del GIEI Patricia Tappatá.
Los militares causaron en Senkata 10 muertos y 78 heridos, al aplicar la fuerza en forma desproporcionada en noviembre de 2019, precisa el documento llevado allí por la experta, junto a colegas del Grupo como Jaime Vidal y Julián Burger.
El informe rememora que el Decreto Supremo 4078 del gobierno de facto liderado por la presidenta de facto Jeanine Áñez autorizó un operativo el 19 de noviembre de 2019, que protegía de responsabilidad penal a los uniformados.
La presentación el martes del documento repercutió en sectores populares y en instituciones como la Fiscalía, que, tras recibirlo, ofreció su apoyo con investigaciones ante las denuncias sobre desmanes durante el golpe de Estado.
El ente judicial añadió que procederá para hacer justicia y evitar la impunidad. 'Nuestro compromiso como Ministerio Público es encontrar la verdad', aseguró el fiscal general, Juan Lanchipa.
Del mismo modo, el sector de la prensa anunció que iniciará acciones judiciales contra las agresiones a periodistas nacionales y extranjeros y medios de comunicación durante las acciones violentas de 2019.
El informe del GIEI sobre esos hechos nos permite tales pasos contra aquellas personas que pretendieron acallarnos, añadió la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa.
La represión contra comunicadores procedió no solo de autoridades, sino también de civiles que asumieron atribuciones oficiales, resaltó el ejecutivo de esa organización Héctor Aguilar.
Las investigaciones revelaron actos violentos contra 58 periodistas e incluyeron un reporte de la Asociación Nacional de la Prensa que registró agresiones contra 76 reporteros y 14 medios de prensa durante octubre y noviembre de 2019. Por su lado, la población celebró el informe, mientras víctimas de la violencia en Senkata y Sacaba clamaron por justicia para sus 38 muertos.
'Ni olvido ni perdón. Los muertos no reviven'; 'No es venganza, es justicia'; 'No fue fraude, fue golpe'; 'Memoria, verdad y justicia'; 'Sacaba y Senkata no se olvidan', rezaban carteles exhibidos en el acto de presentación del informe.
El secretario ejecutivo del Grupo independiente, Jaime Vidal, expresó que, tras la entrega del documento de su institución, Bolivia debe aplicar la ley y reparar a las víctimas para lograr un contexto de reconciliación.
'La idea principal que nos llevamos es que el país marche hacia la verdad y avance con ese precedente y la necesidad efectiva de justicia, subrayó el experto.
mem/apb
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