La Paz, 19 nov (Prensa Latina) El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, urgió a las autoridades del Gobierno de facto a convocar nuevas elecciones para pacificar el país, sumergido hoy en una crisis institucional y política.
Huarachi exigió también la derogación del Decreto Supremo 4078 y entablar una mesa de diálogo con todos los sectores sociales en conflicto.
La COB cuestionó la aplicación de ese decreto porque, según plantea, da vía libre a los militares para reprimir con armas de fuego las movilizaciones de la población sin que tengan responsabilidad penal.
'Como entidad matriz, muy preocupados de este Decreto 4078. Pedimos la abrogación inmediata y que se entable, de una vez, el diálogo con los sectores en conflicto', subrayó el líder de la COB, organización que previo al golpe de Estado del 10 de noviembre pidió la renuncia del presidente Evo Morales.
El actual ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, defendió el polémico decreto, el cual 'simplemente autoriza a las Fuerzas Armadas, para que de manera conjunta con la Policía Nacional puedan actuar en cumplimiento y en resguardo de la seguridad de todos los bolivianos'.
Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó de grave la norma y aseguró que la misma desconoce los estándares internacionales en ese ámbito.
Entretanto, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, desplazó una 'misión técnica' para recabar información en Bolivia, en medio de una escalada represiva contra las movilizaciones que solo el viernes cobró la vida de nueve campesinos en la ciudad de Cochabamba. Mientras, el golpista Luis Fernando Camacho emplazó al Gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez a renovar la estructura de instituciones electorales hasta el próximo jueves y convocar a nuevas elecciones generales a celebrarse antes del 19 de enero.
Camacho, uno de los principales instigadores de la violencia y el golpe de Estado contra Morales, lanzó en las redes sociales un ultimátum a las autoridades actuantes 'para que podamos tener un Tribunal Supremo Electoral'.
Algunos observadores opinan aquí que, al parecer, comenzaron a surgir divergencias entre los diferentes actores políticos sobre la cuestión del poder.
La CIDH cifra en más de una veintena de muertos, cerca de 700 heridos y centenares de detenidos el saldo que hasta el momento deja la convulsión social que vive Bolivia.
mgt/dfm/gdc
La COB cuestionó la aplicación de ese decreto porque, según plantea, da vía libre a los militares para reprimir con armas de fuego las movilizaciones de la población sin que tengan responsabilidad penal.
'Como entidad matriz, muy preocupados de este Decreto 4078. Pedimos la abrogación inmediata y que se entable, de una vez, el diálogo con los sectores en conflicto', subrayó el líder de la COB, organización que previo al golpe de Estado del 10 de noviembre pidió la renuncia del presidente Evo Morales.
El actual ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, defendió el polémico decreto, el cual 'simplemente autoriza a las Fuerzas Armadas, para que de manera conjunta con la Policía Nacional puedan actuar en cumplimiento y en resguardo de la seguridad de todos los bolivianos'.
Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó de grave la norma y aseguró que la misma desconoce los estándares internacionales en ese ámbito.
Entretanto, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, desplazó una 'misión técnica' para recabar información en Bolivia, en medio de una escalada represiva contra las movilizaciones que solo el viernes cobró la vida de nueve campesinos en la ciudad de Cochabamba. Mientras, el golpista Luis Fernando Camacho emplazó al Gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez a renovar la estructura de instituciones electorales hasta el próximo jueves y convocar a nuevas elecciones generales a celebrarse antes del 19 de enero.
Camacho, uno de los principales instigadores de la violencia y el golpe de Estado contra Morales, lanzó en las redes sociales un ultimátum a las autoridades actuantes 'para que podamos tener un Tribunal Supremo Electoral'.
Algunos observadores opinan aquí que, al parecer, comenzaron a surgir divergencias entre los diferentes actores políticos sobre la cuestión del poder.
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