Se eleva a nueve cifra de muertos por represión en Bolivia
Se eleva a nueve cifra de muertos por represión en Bolivia
Se eleva a nueve cifra de muertos por represión en Bolivia
20 de noviembre de 2019, 16:37La Paz, 20 nov (Prensa Latina) La defensora del Pueblo de Bolivia, Nidia Cruz, informó hoy que suman nueve los muertos en la represión militar y policial desatada ayer en la vecina ciudad de El Alto y dijo que tiene denuncias de más víctimas y desaparecidos.
Hizo la declaración cuando, a pocos metros, un multitudinario cabildo (asamblea vecinal) rendía tributo, en silencio y en paz, a las víctimas y acordaba que la población se mantenga en las calles en protesta hasta que cese el gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez.
La defensora dialogó con la prensa en una capilla en la que se velan los restos de los nueve caídos y dijo que tiene referencias de más víctimas, así como de desaparecidos y llamó a las familias a dar información para las indagaciones pertinentes.
Por su parte, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) del Ministerio Público difundió una lista de ocho muertos en la operación en la que fuerzas militares y policiales tomaron a sangre y fuego la planta de combustibles de Senkata, que permanecía cercada por pobladores.
Las víctimas fueron identificadas como Edwin Juchamani Paniagua, Rudy Cristian Vasquez, Juan José Tenorio Mamani, Joel Colque Patty, Antonio Ronaldo Quispe Ticona, Pedro Quispe Mamani, Clemente Eloy Mamani Santander y Devi Posto Cusi.
El citado Ministerio Público, por su parte, abrió una investigación sobre las muertes con el fin de identificar a los autores, pero al mismo tiempo inició un proceso por 'terrorismo' a seis civiles que, según versión oficial, echaron abajo una pared y destruyeron vehículos de la planta con explosivos.
Por su parte, la Conferencia Episcopal Boliviana llamó a las fuerzas armadas y policiales a abstenerse del uso desmedido de la fuerza y resguardar la integridad física de los bolivianos y a los manifestantes a actuar pacíficamente.
De otro lado, el presidente de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), José Luis Rivero, informó que una explosión del gasoducto Carrasco-Cochabamba interrumpió el suministro de gas natural a las ciudades de La Paz, Cochabamba y Oruro, lo que redujo la producción y las reservas del energético.
En ese contexto, la mayoría parlamentaria conformada por el Movimiento al Socialismo (MAS), del exiliado presidente Evo Morales, y la minoría derechista del poder legislativo, concertaron proyectos de convocatoria de nuevos comicios electorales y renovación de los tribunales electorales.
El MAS desmintió así en los hechos las acusaciones gubernamentales y de políticos derechistas que le imputaban afanes de obstaculizar los nuevos comicios, a un mes de los que las fuerzas contrarias a Morales se negaron a reconocer con movilizaciones violentas que, junto a la actitud de las Fuerzas Armadas y la Policía contra el gobernante, determinaron su renuncia.
agp/mrs
La defensora dialogó con la prensa en una capilla en la que se velan los restos de los nueve caídos y dijo que tiene referencias de más víctimas, así como de desaparecidos y llamó a las familias a dar información para las indagaciones pertinentes.
Por su parte, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) del Ministerio Público difundió una lista de ocho muertos en la operación en la que fuerzas militares y policiales tomaron a sangre y fuego la planta de combustibles de Senkata, que permanecía cercada por pobladores.
Las víctimas fueron identificadas como Edwin Juchamani Paniagua, Rudy Cristian Vasquez, Juan José Tenorio Mamani, Joel Colque Patty, Antonio Ronaldo Quispe Ticona, Pedro Quispe Mamani, Clemente Eloy Mamani Santander y Devi Posto Cusi.
El citado Ministerio Público, por su parte, abrió una investigación sobre las muertes con el fin de identificar a los autores, pero al mismo tiempo inició un proceso por 'terrorismo' a seis civiles que, según versión oficial, echaron abajo una pared y destruyeron vehículos de la planta con explosivos.
Por su parte, la Conferencia Episcopal Boliviana llamó a las fuerzas armadas y policiales a abstenerse del uso desmedido de la fuerza y resguardar la integridad física de los bolivianos y a los manifestantes a actuar pacíficamente.
De otro lado, el presidente de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), José Luis Rivero, informó que una explosión del gasoducto Carrasco-Cochabamba interrumpió el suministro de gas natural a las ciudades de La Paz, Cochabamba y Oruro, lo que redujo la producción y las reservas del energético.
En ese contexto, la mayoría parlamentaria conformada por el Movimiento al Socialismo (MAS), del exiliado presidente Evo Morales, y la minoría derechista del poder legislativo, concertaron proyectos de convocatoria de nuevos comicios electorales y renovación de los tribunales electorales.
El MAS desmintió así en los hechos las acusaciones gubernamentales y de políticos derechistas que le imputaban afanes de obstaculizar los nuevos comicios, a un mes de los que las fuerzas contrarias a Morales se negaron a reconocer con movilizaciones violentas que, junto a la actitud de las Fuerzas Armadas y la Policía contra el gobernante, determinaron su renuncia.
agp/mrs
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20 de noviembre de 2019, 16:37La Paz, 20 nov (Prensa Latina) La defensora del Pueblo de Bolivia, Nidia Cruz, informó hoy que suman nueve los muertos en la represión militar y policial desatada ayer en la vecina ciudad de El Alto y dijo que tiene denuncias de más víctimas y desaparecidos.
Hizo la declaración cuando, a pocos metros, un multitudinario cabildo (asamblea vecinal) rendía tributo, en silencio y en paz, a las víctimas y acordaba que la población se mantenga en las calles en protesta hasta que cese el gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez.
La defensora dialogó con la prensa en una capilla en la que se velan los restos de los nueve caídos y dijo que tiene referencias de más víctimas, así como de desaparecidos y llamó a las familias a dar información para las indagaciones pertinentes.
Por su parte, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) del Ministerio Público difundió una lista de ocho muertos en la operación en la que fuerzas militares y policiales tomaron a sangre y fuego la planta de combustibles de Senkata, que permanecía cercada por pobladores.
Las víctimas fueron identificadas como Edwin Juchamani Paniagua, Rudy Cristian Vasquez, Juan José Tenorio Mamani, Joel Colque Patty, Antonio Ronaldo Quispe Ticona, Pedro Quispe Mamani, Clemente Eloy Mamani Santander y Devi Posto Cusi.
El citado Ministerio Público, por su parte, abrió una investigación sobre las muertes con el fin de identificar a los autores, pero al mismo tiempo inició un proceso por 'terrorismo' a seis civiles que, según versión oficial, echaron abajo una pared y destruyeron vehículos de la planta con explosivos.
Por su parte, la Conferencia Episcopal Boliviana llamó a las fuerzas armadas y policiales a abstenerse del uso desmedido de la fuerza y resguardar la integridad física de los bolivianos y a los manifestantes a actuar pacíficamente.
De otro lado, el presidente de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), José Luis Rivero, informó que una explosión del gasoducto Carrasco-Cochabamba interrumpió el suministro de gas natural a las ciudades de La Paz, Cochabamba y Oruro, lo que redujo la producción y las reservas del energético.
En ese contexto, la mayoría parlamentaria conformada por el Movimiento al Socialismo (MAS), del exiliado presidente Evo Morales, y la minoría derechista del poder legislativo, concertaron proyectos de convocatoria de nuevos comicios electorales y renovación de los tribunales electorales.
El MAS desmintió así en los hechos las acusaciones gubernamentales y de políticos derechistas que le imputaban afanes de obstaculizar los nuevos comicios, a un mes de los que las fuerzas contrarias a Morales se negaron a reconocer con movilizaciones violentas que, junto a la actitud de las Fuerzas Armadas y la Policía contra el gobernante, determinaron su renuncia.
agp/mrs
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