Rechaza jueza de quiebra de Puerto Rico acuerdo de empresa eléctrica
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Rechaza jueza de quiebra de Puerto Rico acuerdo de empresa eléctrica
23 de noviembre de 2019, 15:23San Juan, 23 nov (Prensa Latina) La jueza federal Laura Taylor Swain, que atiende la quiebra de Puerto Rico, no admitirá como evidencia un informe encomendado por el Comité de Acreedores no Asegurados, se informó hoy.
De este modo se inhabilita un acuerdo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), impuesta por Washington al gobierno isleño, con determinados acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de Puerto Rico, con una deuda de nueve mil millones de dólares. Taylor Swain determinó el pasado jueves, divulga este sábado el diario El Nuevo Día, que un informe de la firma London Economic International (LEI) no será admitido como evidencia cuando se analice el acuerdo de reestructuración de la deuda de la AEE bajo la regla 9019 del Código de Quiebras.
La jueza federal determinó que el informe LEI abarca principalmente análisis de la industria de energía, los ingresos de largo plazo de la AEE y asuntos macroeconómicos similares que está fuera de alcance de la audiencia sobre la moción 9019 como se delineó previamente por la corte.
Al justificar su decisión, la jueza agregó que el Comité de Acreedores no Asegurados ha interpretado de manera 'irrazonablemente amplia', los planteamientos que han hecho la JSF y el gobierno en favor del acuerdo y que buscan ser refutados con el informe.
En el verano pasado, los integrantes de ese comité autorizaron a su asesor legal, Paul Hastings, a reclutar a LEI para que le sirviera de experto en el tema de la AEE.
Al objetar el RSA, el Comité de Acreedores habría utilizado las conclusiones de LEI para explicar que el acuerdo con el grupo organizado de bonistas en la AEE afectaría la economía de la isla, apuntó el principal diario boricua.
Cuando presentó a Taylor Swain el RSA en el verano pasado como preludio al plan de ajuste en la AEE, la Junta de Supervisión Fiscal, el Comité de Acreedores y los fondos poseedores de las líneas de crédito de combustible de la corporación pública están inmersos en una batalla acerca de los documentos que deben examinarse para establecer si el acuerdo vale la pena.
Como resultado, no es la primera vez que el tribunal deja a un lado la pericia que ofrecen diversas partes en la reestructuración de la deuda de la AEE.
Anteriormente, el tribunal rechazó admitir las aportaciones de organizaciones activas en la discusión sobre el sistema eléctrico de Puerto Rico, como Somos y el Instituto de Competividad y Sostenibilidad Energética, además de los argumentos de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier).
En el caso del informe LEI, la JSF y el gobierno se opusieron a que sea parte de la evidencia para analizar el acuerdo de reestructuración de la deuda de la corporación estatal y también a que sea público.
acl/nrm
La jueza federal determinó que el informe LEI abarca principalmente análisis de la industria de energía, los ingresos de largo plazo de la AEE y asuntos macroeconómicos similares que está fuera de alcance de la audiencia sobre la moción 9019 como se delineó previamente por la corte.
Al justificar su decisión, la jueza agregó que el Comité de Acreedores no Asegurados ha interpretado de manera 'irrazonablemente amplia', los planteamientos que han hecho la JSF y el gobierno en favor del acuerdo y que buscan ser refutados con el informe.
En el verano pasado, los integrantes de ese comité autorizaron a su asesor legal, Paul Hastings, a reclutar a LEI para que le sirviera de experto en el tema de la AEE.
Al objetar el RSA, el Comité de Acreedores habría utilizado las conclusiones de LEI para explicar que el acuerdo con el grupo organizado de bonistas en la AEE afectaría la economía de la isla, apuntó el principal diario boricua.
Cuando presentó a Taylor Swain el RSA en el verano pasado como preludio al plan de ajuste en la AEE, la Junta de Supervisión Fiscal, el Comité de Acreedores y los fondos poseedores de las líneas de crédito de combustible de la corporación pública están inmersos en una batalla acerca de los documentos que deben examinarse para establecer si el acuerdo vale la pena.
Como resultado, no es la primera vez que el tribunal deja a un lado la pericia que ofrecen diversas partes en la reestructuración de la deuda de la AEE.
Anteriormente, el tribunal rechazó admitir las aportaciones de organizaciones activas en la discusión sobre el sistema eléctrico de Puerto Rico, como Somos y el Instituto de Competividad y Sostenibilidad Energética, además de los argumentos de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier).
En el caso del informe LEI, la JSF y el gobierno se opusieron a que sea parte de la evidencia para analizar el acuerdo de reestructuración de la deuda de la corporación estatal y también a que sea público.
acl/nrm
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23 de noviembre de 2019, 15:23San Juan, 23 nov (Prensa Latina) La jueza federal Laura Taylor Swain, que atiende la quiebra de Puerto Rico, no admitirá como evidencia un informe encomendado por el Comité de Acreedores no Asegurados, se informó hoy.
De este modo se inhabilita un acuerdo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), impuesta por Washington al gobierno isleño, con determinados acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de Puerto Rico, con una deuda de nueve mil millones de dólares. Taylor Swain determinó el pasado jueves, divulga este sábado el diario El Nuevo Día, que un informe de la firma London Economic International (LEI) no será admitido como evidencia cuando se analice el acuerdo de reestructuración de la deuda de la AEE bajo la regla 9019 del Código de Quiebras.
La jueza federal determinó que el informe LEI abarca principalmente análisis de la industria de energía, los ingresos de largo plazo de la AEE y asuntos macroeconómicos similares que está fuera de alcance de la audiencia sobre la moción 9019 como se delineó previamente por la corte.
Al justificar su decisión, la jueza agregó que el Comité de Acreedores no Asegurados ha interpretado de manera 'irrazonablemente amplia', los planteamientos que han hecho la JSF y el gobierno en favor del acuerdo y que buscan ser refutados con el informe.
En el verano pasado, los integrantes de ese comité autorizaron a su asesor legal, Paul Hastings, a reclutar a LEI para que le sirviera de experto en el tema de la AEE.
Al objetar el RSA, el Comité de Acreedores habría utilizado las conclusiones de LEI para explicar que el acuerdo con el grupo organizado de bonistas en la AEE afectaría la economía de la isla, apuntó el principal diario boricua.
Cuando presentó a Taylor Swain el RSA en el verano pasado como preludio al plan de ajuste en la AEE, la Junta de Supervisión Fiscal, el Comité de Acreedores y los fondos poseedores de las líneas de crédito de combustible de la corporación pública están inmersos en una batalla acerca de los documentos que deben examinarse para establecer si el acuerdo vale la pena.
Como resultado, no es la primera vez que el tribunal deja a un lado la pericia que ofrecen diversas partes en la reestructuración de la deuda de la AEE.
Anteriormente, el tribunal rechazó admitir las aportaciones de organizaciones activas en la discusión sobre el sistema eléctrico de Puerto Rico, como Somos y el Instituto de Competividad y Sostenibilidad Energética, además de los argumentos de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier).
En el caso del informe LEI, la JSF y el gobierno se opusieron a que sea parte de la evidencia para analizar el acuerdo de reestructuración de la deuda de la corporación estatal y también a que sea público.
acl/nrm
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