Militares en retiro presionan contra juicio a general en Bolivia
27 de noviembre de 2020, 20:29La Paz, 27 nov (Prensa Latina) Grupos de militares retirados marcharon hoy en esta ciudad sede del gobierno y en otras urbes, contra la detención y el proceso abierto a un general como presunto responsable de la letal represión a protestas antigolpistas.
Los manifestantes reclamaron por la detención domiciliaria y la investigación al general del ejército Alberto Cuél a cargo de la justicia común por al menos ocho muertes en la localidad de Sacaba, cerca de la ciudad de Cochabamba, en el centro del país.
Los marchistas alegaron que Cuéllar, jefe del departamento (provincia) de Cochabamba debe ser procesado por la justicia militar, aunque el Ministerio Público se hizo cargo por tratarse de violaciones de derechos humanos.
La matanza de Sacaba se produjo en noviembre de 2019, cuando manifestantes contrarios al golpe que obligó a renunciar al entonces reelecto presidente Evo Morales, protestaban contra el gobierno de facto establecido, que feneció el 8 de noviembre último, al asumir la presidencia Luis Arce, candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), elegido con más del 55 por ciento de los votos.
Hubo también protestas de militares retirados en las ciudades de Santa Cruz y Tarija que coreaban también consignas contra el MAS, pese a que el presidente Arce dejó en manos de la justicia la investigación y juzgamiento de los crímenes cometidos bajo el régimen de facto.
La detención domiciliaria del general Cuéllar fue criticada por el alto mando militar que se declaró sorprendido por la medida de un juez de Cochabamba y sostuvo que los uniformados solo cumplieron órdenes de la presidenta de facto, Jeanine Áñez.
La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, rechazó ayer el alegato de los militares y advirtió que estos no pueden evadir su responsabilidad en la violación de derechos constitucionales alegando que acataron una orden superior.
Cruz señaló que la Constitución boliviana establece que los atentados contra la seguridad de las personas y las violaciones de derechos humanos son responsabilidad directa de sus autores directos, 'sin que pueda servirles de excusa que los hayan cometido por orden superior'.
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