Por Orlando Oramas LeonLa Habana, 15 mar (Prensa Latina) En Estados Unidos da sus primeros pasos la gestión del presidente Joe Biden, mientras Cuba sigue hoy bajo los nocivos efectos de una política de cerco de vieja data.
Así lo consigna el informe que La Habana presentará en mayo ante la Asamblea General de la ONU, sobre el impacto ocasionado por el bloqueo económico, financiero y comercial vigente durante las últimas seis décadas.
Resultará otro ejercicio en el máximo organismo mundial contra una práctica que concita el rechazo de la comunidad internacional.
Será la vigesimonovena ocasión que será presentado el proyecto de resolución titulado 'Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba'.
Ese informe abarca el período comprendido entre abril de 2019 y marzo de 2020, marcado por un serio retroceso en las relaciones bilaterales y un progresivo recrudecimiento del cerrojo impuesto por Washington.
Se trata de un tiempo en el que las numerosas regulaciones y disposiciones emitidas por el gobierno de Donald Trump alcanzaron niveles de hostilidad sin precedentes, cual si la potencia norteña estuviera en guerra contra la vecina y pequeña nación caribeña.
En esas fechas la Casa Blanca dispuso la posibilidad de establecer demandas al amparo del Título III de la Ley Helms-Burton en tribunales de aquel país contra quienes 'trafiquen' con propiedades nacionalizadas por Cuba en apego a sus leyes.
'La ley busca fortalecer las sanciones internacionales contra Cuba en un momento en el cual la isla se estaba abriendo mucho más a las inversiones extranjeras', dijo aquí a Prensa Latina el diplomático Yusnier Romero, especialista de la dirección general de Estados Unidos de la cancillería.
Argumentó que esa legislación pretende asfixiar económicamente al país mediante la aplicación de cuatro títulos que promueven la persecución financiera y la demanda extraterritorial contra terceros que hacen negocios en la isla.
Con tal propósito, Estados Unidos recrudeció la persecución de las transacciones financieras y comerciales de Cuba.
También prohibió vuelos a aeropuertos cubanos (excepto el de La Habana) y resultó una práctica reforzada la persecución e intimidación a las empresas que envían combustible a la isla.
Según el reporte, desde abril de 2019 hasta marzo de 2020 el bloqueo causó pérdidas a Cuba en el orden de los cinco mil 570.3 millones de dólares.
Esto representa un incremento de alrededor de mil 226 millones de dólares respecto al período anterior.
Por primera vez, el monto total de las afectaciones ocasionadas por esta política en un año rebasa la barrera de los cinco mil millones de dólares, lo cual ilustra hasta qué punto se intensificó el cerco en esta etapa.
A precios corrientes, los daños acumulados durante casi seis décadas de aplicación de esta política, (sin contar los ocasionados en el último año) ascienden a 144 mil 413.4 millones de dólares.
El informe a la ONU sostiene que 'ningún ciudadano o sector de la economía cubana escapa de las afectaciones derivadas del bloqueo, cual entorpece el desarrollo que cualquier país tiene derecho a construir de manera soberana'.
Acota que esa política unilateral constituye el principal obstáculo para la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de Cuba hasta 2030, así como para la consecución de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Por ello, y más, el presidente Miguel Díaz-Canel sostiene que la política de bloqueo contra su país es genocida, ilegal y brutal.
mem/ool
Resultará otro ejercicio en el máximo organismo mundial contra una práctica que concita el rechazo de la comunidad internacional.
Será la vigesimonovena ocasión que será presentado el proyecto de resolución titulado 'Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba'.
Ese informe abarca el período comprendido entre abril de 2019 y marzo de 2020, marcado por un serio retroceso en las relaciones bilaterales y un progresivo recrudecimiento del cerrojo impuesto por Washington.
Se trata de un tiempo en el que las numerosas regulaciones y disposiciones emitidas por el gobierno de Donald Trump alcanzaron niveles de hostilidad sin precedentes, cual si la potencia norteña estuviera en guerra contra la vecina y pequeña nación caribeña.
En esas fechas la Casa Blanca dispuso la posibilidad de establecer demandas al amparo del Título III de la Ley Helms-Burton en tribunales de aquel país contra quienes 'trafiquen' con propiedades nacionalizadas por Cuba en apego a sus leyes.
'La ley busca fortalecer las sanciones internacionales contra Cuba en un momento en el cual la isla se estaba abriendo mucho más a las inversiones extranjeras', dijo aquí a Prensa Latina el diplomático Yusnier Romero, especialista de la dirección general de Estados Unidos de la cancillería.
Argumentó que esa legislación pretende asfixiar económicamente al país mediante la aplicación de cuatro títulos que promueven la persecución financiera y la demanda extraterritorial contra terceros que hacen negocios en la isla.
Con tal propósito, Estados Unidos recrudeció la persecución de las transacciones financieras y comerciales de Cuba.
También prohibió vuelos a aeropuertos cubanos (excepto el de La Habana) y resultó una práctica reforzada la persecución e intimidación a las empresas que envían combustible a la isla.
Según el reporte, desde abril de 2019 hasta marzo de 2020 el bloqueo causó pérdidas a Cuba en el orden de los cinco mil 570.3 millones de dólares.
Esto representa un incremento de alrededor de mil 226 millones de dólares respecto al período anterior.
Por primera vez, el monto total de las afectaciones ocasionadas por esta política en un año rebasa la barrera de los cinco mil millones de dólares, lo cual ilustra hasta qué punto se intensificó el cerco en esta etapa.
A precios corrientes, los daños acumulados durante casi seis décadas de aplicación de esta política, (sin contar los ocasionados en el último año) ascienden a 144 mil 413.4 millones de dólares.
El informe a la ONU sostiene que 'ningún ciudadano o sector de la economía cubana escapa de las afectaciones derivadas del bloqueo, cual entorpece el desarrollo que cualquier país tiene derecho a construir de manera soberana'.
Acota que esa política unilateral constituye el principal obstáculo para la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de Cuba hasta 2030, así como para la consecución de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Por ello, y más, el presidente Miguel Díaz-Canel sostiene que la política de bloqueo contra su país es genocida, ilegal y brutal.
mem/ool
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